POR TRASLACOLADELARATA – 18/03/2012
PUBLICADO EN: VOCES
En el último cuatro de siglo en Pereira fueron asesinados 21 sindicalistas. Ocurrió entre 1986 y 2011. Como otras tantas víctimas de la violencia, estos hechos han quedado sepultados por el olvido, y la impunidad.
Por Carlos Victoria |
El PNUD, con el apoyo de ocho países, acaba de publicar un completo estudio sobre el asesinato, desaparición, tortura y secuestro de sindicalistas y trabajadores sindicalizados en Colombia. Sus conclusiones y recomendaciones son discutibles, lo importante es que en la lucha por la verdad y la reparación de los trabajadores colombianos ya no están solos. Y eso cuenta para efecto de lo que sugiere el estudio: la no repetición por persecución, estigmatización y victimización de la acción sindical en nuestro país.
Parecería una utopía pero es una apuesta a los que los demócratas no deben renunciar en un país donde las múltiples violencias, y en especial contra los sindicatos y los trabajadores ha sido una constante, como quiera que Colombia es el país donde la actividad sindical resulta la más peligrosa en el mundo. La violencia ejercida por agentes del Estado, y la ilegalidad en su conjunto contra el sindicalismo solo corrobora una constante a través de la historia: recurrir a la muerte como un mecanismo fácil para dirimir las diferencias (Jaramillo, 1995), en lugar de apelar a los procedimientos de la democracia moderna, en términos del debate, el pluralismo y los disensos entre el capital y el trabajo.
En teoría “el derecho puede servir de barrera para que estos hechos nunca se repitan” (Wills, 2011), sobre todo en Colombia donde aún el sindicalismo no es un eje de democracia, en la medida en que no hay voluntad ni coherencia entre lo que pregona el gobierno y los hechos. La historia del sindicalismo colombiano está escrita por la sangre de las víctimas. Según el estudio citado en los últimos veinticinco años, al menos 2.863 trabajadores fueron asesinados. Los maestros y maestras encabezan las estadísticas. Le siguen los trabajadores bananeros y petroleros. El fenómeno se recrudeció tras el fortalecimiento del paramilitarismos en los años noventa. Si bien desde 2003, la cifra de homicidio ha descendido, las amenazas y la violencia no letal no cesan: “la violencia, mas que marchar hacia su fin…ha experimentado transformaciones en los últimos años.”.
Aunque el propio gobierno reconoce que hizo poco para evitar lo que llama tragedia, a través del Vicepresidente Garzón subraya que el conflicto armado debe “acabarse a las buenas o a las malas”, desde dos condiciones contradictorias: “desarmar la palabra” y el “proceso de unidad nacional”. Desde su acostumbrada muletilla coloca a los actores en el mismo plano a través de la comunidad imaginada de “población trabajadora” y “población empresarial”, descafeinando las contradicciones propias de las relaciones de poder obrero-patronales, y en medio de un contexto normativo censurable a través de políticas de flexibilización laboral y tercerización de las modalidades de contratación inspiradas en la Ley 50 de 1990.
El prejuicio de que todo sindicalista es subversivo, idea propagada por funcionarios públicos, elites empresariales y medios de comunicación ha contribuido a generar un clima de hostilidad y hasta de legitimidad social frente a la violación de los derechos humanos. Lo que en otras sociedades no es otra cosa que una actividad tan legitima como otras tantas, en Colombia es sinónimo de negatividad y acumulación oportunista de derechos. Aún hay voces que señalan a los sindicatos del deterioro competitivo de las empresas, a la vez que responsables de la perdida de puntos del PIB. “La negatividad de la mirada sobre el sindicalismo que impregna todo el entorno, llega hasta los eventuales autores de los hechos violentos contra sindicalistas”, ante los jueces los autores materiales expresaron “la convicción de lo dañino que consideraban sindicatos y huelgas para la sociedad y el progreso”, dice el informe del Pnud.
¿Quién y por qué los matan? Estas preguntas guiaron la investigación dirigida por el profesor Carlos Miguel Ortiz. No es difícil hallar las respuestas. Desde el punto de vista conceptual en Colombia se ha evidente una modernidad sin modernización, y lo que es peor una idea de democracia que ha excluido los derechos humanos como uno de sus pilares fundamentales. La asimetría entre derecho y poder se ha zanjado desde la violencia, la exclusión y no propiamente desde el debate razonado. Hoy Colombia experimenta una de las más tasas más bajas de sindicalización como resultado de la criminalización y la estigmatización del derecho a la libre asociación. El miedo cunde. Los vacíos de información acerca de los autores es una constante: 2.232 casos están sin identificar, aunque los grupos paramilitares encabezan la lista.
…Empresas como Nestlé, Coca Cola y varias palmeras y cementeras han tenido que registrar numerosos homicidios contras trabajadores suyos afiliados a los sindicatos…
(Naciones Unidas, Colombia, 2012)
Sobre los móviles el estudio contrasta diferentes fuentes. Por ejemplo para la Comisión Colombiana de Juristas, de 269 sentencias condenatorias, el 40.52% el móvil del crimen fue la “calificación de la víctima como subversivo por ejercer la actividad sindical”, o “prejuicio insurgente”, como lo califica DeJusticia de la Universidad Nacional. El documento de Naciones Unidas, con el apoyo de países como E.U., Noruega, Suecia, España y Canadá, entre otros, señala que “será necesario emprender acciones que apunten a ir cambiando…el imaginario negativo y el estereotipo de estigma que se activa frente a la acción reivindicativa o de veeduría, de los sindicatos” en Colombia.
La nueva derecha que irrumpe en el concierto latinoamericano no quiere más sindicalistas asesinados. En el caso colombiano promulga el 0 asesinato de trabajadores sindicalizados. Angelino Garzón exsindicalista, candidato a ser el máximo jerarca de la OIT y vicepresidente lo ha dicho con toda claridad: “no más impunidad, no más asesinato de sindicalistas”. Sin embargo cualquiera podría decir que, como lo ordenó un Alcalde de un pueblo italiano, queda terminantemente prohibido morir. Las aristas y pliegues de contexto son diversas. Por ejemplo el asunto se globaliza tras la investigación abierta en Suiza por el asesinato de un sindicalista que laboraba para una multinacional de alimentos, o en los sonados casos del sindicato de Coca Cola, Cerrejón, etc., ni se diga.
Frente al informe “Reconocer el pasado: Construir el futuro”, con Todorov (2008) diría que es históricamente necesario una apropiación social y políticamente más radical de la memoria, porque de hecho hemos asistido a una guerra contra la memoria, en este caso de la víctimas del sindicalismo, desde diversas estrategias que alimentan el olvido. Lo que logran estos informes, auspiciados por las Naciones Unidas con el apoyo de la comunidad internacional, es SALVAR VIDAS HUMANAS, siendo tal vez uno de los resultados esperados en el inmediato. Ya hizo suficientes estragos humanitarios el modelo de “orden limpio”, lo que sigue no solo es la verdad y la reparación integral de las víctimas sino una auténtica apuesta por profundizar la democracia, sostenida en la plena vigencia de los derechos humanos. ¿Agentes del Estado, Patronos y contra estatales estarán dispuestos a sumarse?
lunes, 19 de marzo de 2012
lunes, 5 de marzo de 2012
Cada semana es asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia
semana.com / Lunes 5 de marzo de 2012
Cada semana es asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia
El informe que presentó en Suiza el programa ’Somos Defensores’ alerta sobre las 239 agresiones contra las personas encargadas de velar por los derechos humanos, que hubo en el país durante el 2011. Además recoge con indignación el asesinato de 49 de ellos
El programa no gubernamental de protección a los defensores de derechos humanos ’Somos Defensores’ presentó este lunes un documento en Ginebra, Suiza, sobre la situación de acoso que padecen los protectores de los derechos humanos en todo el país.
El documento, que también será entregado al Consejo de Naciones Unidas y a la Relatora Especial para Defensores de la ONU, contiene cifras alarmantes contra los encargados de proteger los derechos humanos, quienes sufren amenazas, agresiones y ataques mortales por parte de grupos paramilitares y guerrilleros principalmente.
’Somos Defensores’, conformado por la Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas y Benposta Nación de Muchachos, señala que la protección del Estado aún es incipiente muy a pesar de los avances normativos y que aún se encuentran varios claroscuros en esta materia.
Según el informe, el 2011 fue un año de contrastes. Por un lado, el gobierno colombiano generó una gran expectativa, especialmente en los sectores políticos, de derechos humanos y sociales, "por su tono de ponderación política, conciliador e incluyente".
Estas esperanzas se vieron reforzadas hacia el final del año debido a un nuevo y robusto paquete normativo, "que reorganizó la rama ejecutiva para responder al desafío de proteger integralmente a líderes sociales, defensoras, defensores, periodistas, sindicalistas, víctimas y demás poblaciones en riesgo", recoge el documento.
Sin embargo, y en contraste con estas "transformaciones institucionales positivas", la labor de defensa de derechos humanos "dio señales de ser más perseguida y agredida que en años anteriores, acompañada de una evidente tendencia a la denuncia de estos hechos de agresión por parte de líderes y defensores".
Dicha persecución resulta evidente a la luz de las cifras. Conforme al registro realizado por el sistema de información de esta organización, 239 individuos fueron víctimas de agresiones, al igual que 116 organizaciones sociales y de derechos humanos. Las agresiones individuales significaron un incremento del 36% en comparación con el 2010.
A esto se le suma que 49 defensores, defensoras, líderes y lideresas sociales fueron asesinados y seis más fueron desaparecidos. En promedio, cada 36 horas fue agredido un defensor y cada ocho días fue asesinado uno de ellos.
De ellos, los líderes indígenas, defensores de víctimas y quienes lideran los procesos de restitución de tierras fueron los más agredidos en el 2011.
Las cifras registradas por este organismo revelan que el grave incremento en las agresiones registradas en los últimos tres años supera el período de los seis años comprendido entre el 2002 y el 2008.
Este aumento, según el análisis del programa ’Somos Defensores’, puede ser atribuido a una mayor posibilidad de denuncia desde las organizaciones sociales, así como la consolidación paulatina de información que en años anteriores era muy difícil conseguir, debido a los altos niveles de violencia y temor de los defensores y líderes en las regiones a denunciar por temor a represalias.
En comparación con el 2010, ’Somos Defensores’ señala como casos de extrema preocupación el incremento de las amenazas de 109 a 140 casos, los asesinatos de 32 a 49, las detenciones arbitrarias de 11 a 23 y la reaparición de las desapariciones forzadas como una forma de agresión contra la labor de defensa de derechos humanos en Colombia con seis casos.
También se identificaron los departamentos más afectados por el asesinato de defensores. Antioquia fue el que más casos sufrió, con 17, seguido por Cauca, con nueve; Córdoba, con seis, y Putumayo, con tres. De los 49 asesinatos, el 86% correspondieron a hombres (42 casos) y el 14% a mujeres (siete casos).
La mayoría de los casos, 28, no son atribuibles a un grupo armado específico, mientras que a los paramilitares se les acusa de haber cometido 13 de estos asesinatos, a las FARC cinco y a la Fuerza Pública dos asesinatos.
Testigos del flagelo
El programa ’Somos Defensores’ también explica que varios organismos internacionales, como la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), El Centro de Justicia y Ley Internacional y Amnistía Internacional en Europa, entre otros, constataron que las amenazas, asesinatos y hostigamientos, continúan en Colombia contra quienes defienden los derechos humanos.
En el segundo semestre, y producto de la crítica situación evidenciada durante los primeros seis meses del 2011, una comisión internacional visitó Colombia en el mes de noviembre para constatar en terreno, las condiciones para el ejercicio de defensa de derechos humanos en ocho regiones del país.
Esta Misión Internacional de Verificación fue integrada por 40 defensores de 15 países, entre los cuales asistieron diputados, juristas y activistas con intención de hacer seguimiento al informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU.
Como resultado de esta visita la misión concluyó en su informe preliminar las siguientes violaciones: los ataques contra los defensores permanecen en la impunidad; la protección que reciben los defensores no es adecuada; los señalamientos y estigmatizaciones siguen contra quienes defienden los derechos humanos, y hay evidencia de que la inteligencia estatal continúa siendo usada contra los defensores.
Cada semana es asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia
El informe que presentó en Suiza el programa ’Somos Defensores’ alerta sobre las 239 agresiones contra las personas encargadas de velar por los derechos humanos, que hubo en el país durante el 2011. Además recoge con indignación el asesinato de 49 de ellos
El programa no gubernamental de protección a los defensores de derechos humanos ’Somos Defensores’ presentó este lunes un documento en Ginebra, Suiza, sobre la situación de acoso que padecen los protectores de los derechos humanos en todo el país.
El documento, que también será entregado al Consejo de Naciones Unidas y a la Relatora Especial para Defensores de la ONU, contiene cifras alarmantes contra los encargados de proteger los derechos humanos, quienes sufren amenazas, agresiones y ataques mortales por parte de grupos paramilitares y guerrilleros principalmente.
’Somos Defensores’, conformado por la Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas y Benposta Nación de Muchachos, señala que la protección del Estado aún es incipiente muy a pesar de los avances normativos y que aún se encuentran varios claroscuros en esta materia.
Según el informe, el 2011 fue un año de contrastes. Por un lado, el gobierno colombiano generó una gran expectativa, especialmente en los sectores políticos, de derechos humanos y sociales, "por su tono de ponderación política, conciliador e incluyente".
Estas esperanzas se vieron reforzadas hacia el final del año debido a un nuevo y robusto paquete normativo, "que reorganizó la rama ejecutiva para responder al desafío de proteger integralmente a líderes sociales, defensoras, defensores, periodistas, sindicalistas, víctimas y demás poblaciones en riesgo", recoge el documento.
Sin embargo, y en contraste con estas "transformaciones institucionales positivas", la labor de defensa de derechos humanos "dio señales de ser más perseguida y agredida que en años anteriores, acompañada de una evidente tendencia a la denuncia de estos hechos de agresión por parte de líderes y defensores".
Dicha persecución resulta evidente a la luz de las cifras. Conforme al registro realizado por el sistema de información de esta organización, 239 individuos fueron víctimas de agresiones, al igual que 116 organizaciones sociales y de derechos humanos. Las agresiones individuales significaron un incremento del 36% en comparación con el 2010.
A esto se le suma que 49 defensores, defensoras, líderes y lideresas sociales fueron asesinados y seis más fueron desaparecidos. En promedio, cada 36 horas fue agredido un defensor y cada ocho días fue asesinado uno de ellos.
De ellos, los líderes indígenas, defensores de víctimas y quienes lideran los procesos de restitución de tierras fueron los más agredidos en el 2011.
Las cifras registradas por este organismo revelan que el grave incremento en las agresiones registradas en los últimos tres años supera el período de los seis años comprendido entre el 2002 y el 2008.
Este aumento, según el análisis del programa ’Somos Defensores’, puede ser atribuido a una mayor posibilidad de denuncia desde las organizaciones sociales, así como la consolidación paulatina de información que en años anteriores era muy difícil conseguir, debido a los altos niveles de violencia y temor de los defensores y líderes en las regiones a denunciar por temor a represalias.
En comparación con el 2010, ’Somos Defensores’ señala como casos de extrema preocupación el incremento de las amenazas de 109 a 140 casos, los asesinatos de 32 a 49, las detenciones arbitrarias de 11 a 23 y la reaparición de las desapariciones forzadas como una forma de agresión contra la labor de defensa de derechos humanos en Colombia con seis casos.
También se identificaron los departamentos más afectados por el asesinato de defensores. Antioquia fue el que más casos sufrió, con 17, seguido por Cauca, con nueve; Córdoba, con seis, y Putumayo, con tres. De los 49 asesinatos, el 86% correspondieron a hombres (42 casos) y el 14% a mujeres (siete casos).
La mayoría de los casos, 28, no son atribuibles a un grupo armado específico, mientras que a los paramilitares se les acusa de haber cometido 13 de estos asesinatos, a las FARC cinco y a la Fuerza Pública dos asesinatos.
Testigos del flagelo
El programa ’Somos Defensores’ también explica que varios organismos internacionales, como la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), El Centro de Justicia y Ley Internacional y Amnistía Internacional en Europa, entre otros, constataron que las amenazas, asesinatos y hostigamientos, continúan en Colombia contra quienes defienden los derechos humanos.
En el segundo semestre, y producto de la crítica situación evidenciada durante los primeros seis meses del 2011, una comisión internacional visitó Colombia en el mes de noviembre para constatar en terreno, las condiciones para el ejercicio de defensa de derechos humanos en ocho regiones del país.
Esta Misión Internacional de Verificación fue integrada por 40 defensores de 15 países, entre los cuales asistieron diputados, juristas y activistas con intención de hacer seguimiento al informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU.
Como resultado de esta visita la misión concluyó en su informe preliminar las siguientes violaciones: los ataques contra los defensores permanecen en la impunidad; la protección que reciben los defensores no es adecuada; los señalamientos y estigmatizaciones siguen contra quienes defienden los derechos humanos, y hay evidencia de que la inteligencia estatal continúa siendo usada contra los defensores.
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