NO TENGO NI LA MENOR IDEA YA DE CÓMO IBA A LLAMARSE ESTE BLOG REALMENTE. SÓLO RECUERDO QUE TRAS PROBAR MIL NOMBRES DISTINTOS, TODOS INTERESANTES, NO ME BASTÓ CON QUE BLOGGER DIJERA QUE ESTABAN YA TOMADOS. ENTRÉ UNO POR UNO EN TODOS ELLOS. ME DIJE: "SI A ALGUIEN SE LE HA OCURRIDO UN BLOG CON ESTE NOMBRE, SEGURO QUE AGUANTA VISITARLO". PARA MI SORPRESA, RESULTÓ QUE EL 99.9% ERAN BLOGS VACÍOS O CON UNA ENTRADA O DOS RIDÍCULAMENTE MINIMALISTAS DE ANTES DEL 2005. ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? QUIERO QUE SE LO PREGUNTEN TODOS.

miércoles, 13 de junio de 2012

Expresidente Uribe incita a la agresión


Expresidente Uribe incita a la agresión
Por: Arco Iris





Foto: Secretaría de Prensa / Presidencia de la República

La Corporación Nuevo Arco Iris rechaza los graves señalamientos del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta en Twitter, hoy cerca de las 9 AM, donde anunció: “Escribiré a las 5 pm sobre el Cartel de los Sicarios: Zuleta, León Valencia, Coronell, Cepeda…” No cabe duda que dicha calificación incita a la agresión y pone en riesgo la vida y la integridad personal de los periodistas y políticos allí mencionados.

Lo que ha hecho el portal ArcoIris.com.co es informar sobre cosas verídicas que le interesan al país. El sábado 9 de junio publicó “Sobrina y cuñada de Álvaro Uribe apresadas en Colombia con fines de extradición a EE.UU. por ser ‘socias y aliadas estratégicas’ del cartel de Sinaloa, según la DEA”. (Ver nota http://bit.ly/Lny1me) A raíz de la publicación de este hecho se han generado reacciones agresivas no solo del expresidente Álvaro Uribe, sino también de personas cercanas a su círculo como José Obdulio Gaviria, quien en su columna de El Tiempo ¡Nos duele Colombia! se fue lanza en ristre contra el director de Nuevo Arco Iris, León Valencia, el periodista Daniel Coronell y el presidente Juan Manuel Santos.

Se requiere con urgencia que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se pronuncie frente a estos hechos porque no sólo estará en riesgo la vida de las personas que mencionará hoy a las 5 P.M. incluidas en el supuesto Cartel de los Sicarios, sino también la libertad de prensa en Colombia.

Corporación Nuevo Arco Iris

Junio 13 de 2012

martes, 12 de junio de 2012

Más De Mil Campesinos Del Norte Del Cauca Defendiendo La Vida Y El Territorio Se Movilizan A Finca Invadida Por Militares



Más De Mil Campesinos Del Norte Del Cauca Defendiendo La Vida Y El Territorio Se Movilizan A Finca Invadida Por Militares


2012-06-10

Por: Comisión de Comunicaciones Marcha Patriótica Suroccidente Colombiano / Oficina de Prensa


Ante la constante violación de derechos humanos y la grave crisis humanitaria en que se encuentran los pobladores de la zona rural del municipio de Miranda en el departamento del Cauca,  más de mil campesinos deciden movilizarse en defensa del derecho a la vida y el territorio.
Las diferentes poblaciones ubicadas sobre la cordillera central en el suroccidente colombiano, son constantemente escenario de enfrentamientos de grupos armados, hechos, en los que la población civil termina siendo la más afectada.
Los campesinos e indígenas del norte del departamento del Cauca  en las últimas semanas han tenido que sufrir reiterados abusos por parte de la fuerza  pública, que se ha ubicado en medio de la población civil, poniendo en claro riesgo a los habitantes de esta zonas.

Tras la ocupación irregular militar de predios de propiedad de cinco campesinos en la vereda Calandaima del municipio de Miranda, generada con la instalación de una base militar; y ante la alerta por amenazas y abusos de autoridad por parte del ejercito, mas de mil campesinos e indígenas  de los municipios de Miranda, Caloto, Toribio y Corinto en el norte del Cauca, y de Pradera y Florida en el sur del Valle del Cauca, se movilizaron el día de ayer hacia la finca ocupada por los militares.

"Estamos cansados de ser utilizados como escudos humanos y de los constantes atropellos del ejército, los campesinos exigimos el retiro inmediato de la base militar y que se nos permita regresar a cultivar nuestra  tierra para sobrevivir." Declaro uno de los campesinos presente en la movilización

Por este motivo, desde el día de ayer se encuentran asentados en la finca,  a pesar de las constantes amenazas del ejército, quienes han advertido que la zona está minada.

Es de extrema gravedad la situación de riesgo en que se encuentran los más de mil campesinos e indígenas, que están exigiendo legítimamente el derecho a que se les respete la vida  y defendiendo su territorio, las amenazas por parte de los militares son una constante, además la población ha denunciado que un gran contingente del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD esta acantonado en el municipio de Miranda, y que será enviado en cualquier momento a desalojar de manera violenta a los manifestantes que amparados por la Constitución exigen el derecho a la paz consagrado en el artículo 22.


COMISIÓN DE COMUNICACIONES
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
Suroccidente Colombiano

sábado, 9 de junio de 2012



Política |8 Jun 2012 - 6:47 pm

En dos meses se repararán 40 mil víctimas en el país
Por reparación, familiares de víctimas recibirán $17 millones
Por: Redacción Política
La Unidad de Víctimas anunció que reparará administrativamente a los afectados por la violencia con indemnizaciones que van desde los 30 hasta 40 salarios mínimos.

Cerca de 1.200 víctimas de la capital antioqueña serán indemnizadas económicamente y serán vinculados a proyectos de reparación, rehabilitación y garantías de no repetición.
Este sábado en Medellín el presidente Juan Manuel Santos lanza la ruta integral de reparación para brindarles atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Cerca de 1.200 víctimas de la capital antioqueña serán indemnizadas económicamente y serán vinculados a proyectos de reparación, rehabilitación y garantías de no repetición.
Medellín fue seleccionada como la primera ciudad para comenzar la implementación de la ruta integral, teniendo en cuenta que allí se registran cerca de la mitad de solicitudes de indemnización en el país. Las víctimas hacen parte de las 7.000 que, según el Plan de Reparación, serán indemnizadas en Antioquia y de las 40.000 en todo el territorio.
Paula Gaviria, Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas señaló: "buscamos que la indemnización que reciben las víctimas se constituya en el punto de partida para la reconstrucción de su proyecto de vida y para mitigar el daño por los hechos sufridos”.
De acuerdo con el Plan, la ejecución de las indemnizaciones se dará de forma gradual y progresiva, dependiendo de los hechos de los cuales han sido afectados. Las personas con discapacidad, madres cabeza de hogar y adultos mayores tendrán prioridad.
Gaviria explicó que la entrega de los recursos de indemnización está apoyada en el Programa de Acompañamiento a la Adecuada Inversión, con el fin de “ofrecer posibilidades amplias de utilización del dinero, creando alternativas concretas en áreas como educación superior, generación de ingresos y proyectos productivos o acceso a vivienda”.
Para el senador antioqueño Ignacio Zapata, “esta es una muestra de voluntad política, de trabajo con la comunidad. Es una pauta hacia adelante para crear escenarios de justicia”.
Recientemente, el Departamento para la Prosperidad Social informó que la ruta integral tendrá una inversión cercana a 250 mil millones. En el evento se presentarán públicamente los primeros 20 enlaces de reparación, que hacen parte un grupo total 250 personas que operarán en distintas zonas de Colombia para ejecutar el plan.
Fernando Carrillo, Director de la Agencia Jurídica del Estado, explicó que “la clave es analizar la ejecución de la iniciativa a partir de la política en materia de víctimas. Es el momento para que el Gobierno cree nuevos caminos para la verdad y la justicia”.
El reto del Estado estará en articular una estrategia integral para que las medidas y las soluciones económicas estén acompañadas de un proceso de verdad y reconciliación.

Las víctimas de Mampuján, Bolívar
A principio del mes de junio, el Gobierno anunció un desembolso por 8.300 millones de pesos para las víctimas de Mampuján y Las Brisas, Bolívar, como una vía de reparación con la comunidad que fue masacrada y desplazada masivamente en el año 2000. Es decir que las 789 víctimas habían esperado 12 años por una respuesta efectiva del Estado en cuanto al restablecimiento de sus derechos vulnerados.
Esta acción se constituye en el primer pago hecho en el marco de la Ley de Justicia y Paz, cumpliendo con un fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia sobre la masacre que fue cometida por paramilitares del ‘Bloque Héroes Montes de María’, de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Redacción Política | Elespectador.com

Expediente Uribe

documental publicado por el Canal telesur sobre los vínculos del ex-presidente de Colombia con paramilitares, crímenes de lesa hyumanidad cometidos por el Estado bajo su mandato, así como vínculos con políticos corruptos y otra serie de actuaciones en que incurrió el ex-mandatario:


para ver todas las partes de esta serie seguir estos enlaces:

Por todo el oro de Colombia

Documental del periodista francés Romeo Langlois, sobre el conflicto creado por la minería en Colombia :



para ver todas las partes seguir los siguientes enlaces:
parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=gEFNV7AoSb8&feature=relmfu
parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=VfnkLGn61LQ
parte 4: http://www.youtube.com/watch?v=_PAzo1UTx7M&feature=relmfu
parte 5:http://www.youtube.com/watch?v=u7GJmFIM3Tc
parte 6:http://www.youtube.com/watch?v=lJ3lc7o6N8g


Violencia institucional de la represa "El Quimbo" y el Gobierno Colombiano

El video que el gobierno colombiano no quiere que veamos:

Los falsos positivos según sus protagonistas

Este artículo publicado originalmente en el sitio web de La Silla Vacía, aporta declaraciones de los crímenes de estado cometidos por las fuerzas armadas de Colombia.

Solicitan apertura de investigación sobre Ejecuciones Extrajudiciales

Reforma a la justicia

Pueblo está orgulloso de su ejército popular: Langlois

Sesenta mil millones de pesos diarios gasta Colombia en el conflicto armado

sábado, 28 de abril de 2012

"Falsos positivos" de Soacha fueron torturados antes de ser asesinados

Un informe presentado por Medicina Legal evidenció los maltratos físicos a los jóvenes. En el marco del proceso que se adelanta contra siete militares por su presunta participación en la desaparición y asesinato de un grupo de jóvenes en el municipio de Soacha, Cundinamarca, que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate se reveló un informe en el que se demostraría que fueron torturados antes de su muerte. En su exposición el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés precisó que los estudios hechos por la Procuraduría y la Fiscalía a los cuerpos de los jóvenes se evidenciaron serias muestras de tortura antes de recibir un tiro de gracia. "En la segunda necropsia que yo realicé, encontré traumas diferentes a los traumas que se habían encontrado por proyectil de arma de fuego", señaló el director de Medicina Legal. Los siete jóvenes desaparecieron de Soacha y fueron presentados como muertos en combate el 27 de enero de 2008 en la vereda Agua la Virgen de Ocaña en Norte de Santander. Por estos hechos ya fueron condenados seis militares por la muerte de Fair Leonardo Porras también de Soacha Cundinamarca. Tomado el 24 Abr 2012 de http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-341148-falsos-positivos-de-soacha-fueron-torturados-antes-de-ser-asesin

domingo, 8 de abril de 2012

Al menos 5.000 niños mueren de hambre al año en Colombia

diciembre 16 de 2011 - 12:22 am
http://www.portafolio.co/economia/al-menos-5000-ninos-mueren-hambre-al-ano-colombia

Entrevista de Yamid Saldaña a Catherine Buelvas, gerente de r. social de Alquería

Paradójicamente, en Colombia a las empresas le sale más caro donar alimentos que destruirlos.

Así lo dio a conocer la gerente de responsabilidad social de Alquería, Catherine Buelvas, al referirse a la estrategia que adelantan en la lucha contra el hambre con los bancos de alimentos del país.De acuerdo con la funcionaria, en Colombia hay 16 bancos de alimentos que han logrado beneficiar cerca de dos millones de personas durante lo corrido del año 2011.

Buelvas explicó cómo funcionan estos organismos y cómo pueden las personas colaborar con esta iniciativa.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo no sólo es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que también se ha convertido en una prioridad de las empresas del sector privado que, desde sus programas de responsabilidad social, trabajan para que los colombianos no sean víctimas de inseguridad alimentaria.

Actualmente, según datos de la agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 13.5 millones de colombianos sufren hambre, es decir, casi un 18 por ciento de la población, de los cuales, al menos 5.000 son menores de edad.

La preocupación se centra en que la inseguridad alimentaria no se presenta sólo en sectores vulnerables como el Chocó, sino que hoy en día este fenómeno afecta a muchos habitantes de sectores como Cazucá y el sur de Bogotá, donde hay familias que pueden pasar el día sin comer un solo alimento.

Sin embargo, los dos municipios con mayores índices de inseguridad alimentaria son Pachavita Betitiva, ambos ubicados en el departamento de Boyacá, donde no hay bancos de alimentos.

Catherine Buelvas, gerente de Responsabilidad Social de Alquería afirma que desde la empresa privada se pueden emprender iniciativas que se articulen con las políticas del estado y algunas ONG para combatir el hambre y la pobreza extrema en el país.

Desde 2008, el Estado colombiano tiene una Política de seguridad alimentaria bajo la que trabaja para combatir el hambre. Adicionalmente, diferentes ONG y empresas privadas se unen para donar conocimiento, productos que están próximos a vencerse y fuerza de trabajo en los 16 bancos de alimentos que existen en el país. Bancos como el que existe en Bogotá atienden 100 mil personas diariamente.


Colombia.- Más de 500.000 niños en Colombia sufren desnutrición crónica, según denuncia un estudio


Además del hambre, la violencia, el abandono y la pobreza son también algunos de los problemas a los que se enfrentan los niños en Colombia

BOGOTA, (EUROPA PRESS)

Más de 500.000 niños colombianos, el 13% de la población infantil que vive en este país de Sudamérica, sufren de desnutrición crónica según un estudio del Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Asimismo, según este informe, el 20% de los menores colombianos son pobres frente al 3% que nació en el seno de familias con alto poder adquisitivo. Con estos datos se dibuja la realidad de los niños colombianos, un sector de la población que sufre además como pocos la violencia del conflicto.

Según el estudio del Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Boyacá (centro) y Nariño (sur) son los departamentos donde más menores sufren desnutrición, con un 20% frente al 15% de niños desnutridos que hay en Bogotá.

Presentado por el economista e investigador Alejandro Gaviria, el estudio indica que, entre 1995 y 2000, la desnutrición crónica asociada a la talla que tiene el menor según su edad, bajó del 30 al 12%. En los menores con edades cercanas a los 5 años ésta situación se estancó, lo que, en opinión de Gaviria, es "bastante preocupante".

Según Gaviria, los indicadores estarían mostrando que los hogares comunitarios del Bienestar Familiar, que atienden a cerca de un millón de niños, no están teniendo un impacto importante en la mejora de su situación.

VIOLENCIA CONTRA LOS MENORES

Además del hambre, la violencia, el abandono y la pobreza son también algunos de los problemas que afrontan los niños en Colombia. Precisamente el Gobierno de Bogotá entregó la semana pasada un informe sobre cifras de maltrato infantil que, a pesar de las denuncias de la ciudadanía, es un mal que va en aumento.

Según el estudio, en 2005 se presentaron unos 29.900 casos de maltrato infantil, lo cual supera delitos como el hurto, las lesiones personales y el secuestro en Colombia. "Ahora las madres de familia, los niños, las niñas, las comunidades están más sensibilizadas con lo que está ocurriendo al interior de las familias", afirmó la portavoz delegada de Derechos Humanos, Fabiola Márquez.

Márquez también dio a conocer cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que indicaron que en el país, 4,84 millones de niños que viven en la pobreza, no cuentan con servicio de salud, educación y tampoco alimentación. "Hoy están siendo atendidos por el programa de Acción Social del Gobierno nacional y también por el Gobierno distrital, a través de la Alcaldía Mayor", afirmó Márquez.

Por último en el foro 'Por la niñez de Bogotá' se confirmó que, en lo que va de año, han llegado a la capital del país unos 3.000 niños desplazados por la violencia en Colombia, un país que en estos días, cuando falta menos de un mes para la celebración de las elecciones presidenciales --previstas para el 28 de mayo--, sufre una dura escalada de violencia contra la población civil.

En Medellín y Envigado asesinaron a cuatro niñas en hechos aislados. En Cartagena una mujer agredió a su hija, menor de edad, con arma blanca y le produjo serios daños en el rostro. En Bucaramanga, un bebé se salvó de morir abandonado por sus padres gracias a la acción de dos policías. Estos tan sólo son algunos de los casos recogidos esta semana por la prensa del país sudamericano.

Además, la Policía y la Fiscalía del Valle de Aburrá investigan el asesinato de cuatro niñas, dos de ellas por arma de fuego, otra por una supuesta caída accidental y la cuarta, un bebé envenenado por su padre, quien también se suicidó.

En el primer suceso, ocurrido en el Puente de la Calle San Juan, una menor de 12 años de edad murió al recibir uno de los disparos que dos individuos hicieron contra su padre durante un atraco. Los supuestos homicidas fueron capturados por la Policía.

En el norte de Medellín, también murió una joven de 15 años de edad al caer al vacío desde un puente peatonal cuando jugaba con una amiga en el marco de unos sucesos que también son investigados.

LOS ULTIMOS CASOS

Asimismo, un bebé de 14 meses murió en el Hospital Pablo Tobón Uribe, al parecer por envenenamiento. En el caso se investiga la presunta participación del padre, quien se suicidó con la misma sustancia con que habría sido envenenada la pequeña.

Mientras tanto en Envigado, se informó de la muerte de una estudiante de 15 años de edad por disparos indiscriminados hechos por los ocupantes de un coche particular. Además, las autoridades de Cartagena detuvieron a una mujer que agredió a su pequeña hija en un aparente caso de intolerancia, por haberla interrumpido en un juego de cartas.

La niña, de 21 meses, sufrió heridas con un cuchillo en varias partes de su rostro durante los dos ataques que le produjo su madre. El padre de la niña relató que la menor está siendo sometida a tratamientos desinflamatorios en el Hospital casa del Niño de Cartagena. La mujer se encuentra recluida en la cárcel Distrital de San Diego de Cartagena, donde se confirmó que está embarazada.

viernes, 6 de abril de 2012

Hay 61.604 desaparecidos en Colombia


Tema del dia |6 Abr 2012 - 10:11 pm

"Ellos a nadie le importan"

Por: Sebastián Jiménez Herrera
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Según los familiares de los desaparecidos, la sociedad no ha hecho otra cosa que ignorarlos y dejarlos solos, pero esperan que esto cambie.
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Fotos, es lo único que le queda a los familiares de desaparecidos. / Asfaddes

Para los familiares de los desaparecidos, la liberación de 10 uniformados les generó sentimientos encontrados. Sus familiares seguían sin regresar a casa, pero una oportunidad se abría para ellos, la de que la sociedad por fin mirara hacia los desaparecidos. Mientras los cuatro militares y seis policías volvían a sus hogares, la excongresista Piedad Córdoba aseguraba: “Ahora vamos por los desaparecidos”. Y un halo de esperanza se abría para los personajes invisibles de un drama de más de 30 años.
Los desaparecidos no han tenido su 4 de febrero, no ha habido millones de personas marchando por ellos, apenas cientos, los que sufren en carne propia esta tragedia. “La sociedad y el Estado nos han dado la espalda, nos han invisibilizado”, comenta Gloria Gómez, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes). Ella recuerda que durante una de las primeras manifestaciones a las que asistió, una persona se le acercó y le dijo que por qué no cogía oficio, que por qué era tan loca.
Su lucha, que comenzó hace casi 30 años, después de la desaparición y asesinato de su hermano, Leonardo (ver recuadro), se ha caracterizado por una soledad aturdidora. A los familiares de los desaparecidos hasta sus amigos les han dado la espalda. “Una amiga me dijo alguna vez que me invitaba a una fiesta, pero que no hablara de mi hermana”, narra Yadira Cruz, hermana de crianza de Martha Lucila Montaño, desaparecida junto con su hijo Jefferson —que el próximo 14 de abril cumplirá 7 años— el 16 de diciembre de 2005 (ver recuadro).
La gente prefiere no escuchar sus historias, hacer como que ese drama no existe. Esto a pesar de que en Colombia hay 61.404 desaparecidos que no han regresado a sus casas, y que cualquiera de nosotros podría un día no volver. “La sociedad es parte de la impunidad”, asegura Gómez, quien agrega que los desaparecidos a nadie le importan y que se cuestiona ¿cuándo será la marcha por los desaparecidos, cuándo los recordaremos? Porque a ellos la sociedad los ha desaparecido a punta de olvido.
Robert Guáquez

“Él era una persona muy cómica. Cada que nos reunimos recordamos sus chistes”. Dora Armero, prima de Robert Hernán Guáquez, recuerda con amargura que en su lucha por saber qué le sucedió a Robert la han llamado vieja loca, le han dicho que coja oficio. “La sociedad no entiende. Si uno no se pone al frente de todo, si uno no va a todos los eventos, sencillamente nadie te va a ayudar”. Su primo desapareció el 27 de mayo de 2003. Se dirigía de Los Andes a Pasto (Nariño) cuando, según testigos, la guerrilla lo bajó del colectivo en el que se transportaba, se lo llevó y lo torturó. Además de esto, poco o nada se sabe de Robert, que nunca ha sido mencionado como ‘canjeable’ por la guerrilla. “Todo nuestro esfuerzo es para que él no muera, para que no lo olviden”, comenta Dora, y dice que si Robert vuelve a casa ya no encontrará a los abuelos que tanto lo querían.
Luz Stella Castañeda
Luz Stella Castañeda y su novio, Hugo Armando Moreno, desaparecieron el 19 de noviembre de 1986. Hugo fue encontrado muerto semanas después en Cáqueza (Cundinamarca). Su cuerpo estaba quemado y apenas lo reconocieron por un pedazo de piel del dedo que no se cayó. “Ese día su apartamento fue allanado por el F2”, asegura uno de los familiares de Luz Stella, aunque la participación de la Fuerza Pública en este crimen no ha sido comprobada. A su madre, Teresa Rojas, se le secaron los lagrimales después de 23 años de llorarla. Hoy requiere de medicamentos para controlar el dolor de recordar a su hija que aún no regresa.
Martha Lucila Montaño
A Martha Lucila Montaño no le gustaba salir con su hijo Jefferson a la calle. Había llegado a Bogotá proveniente del Casanare, huía de la violencia y a las amenazas de los paramilitares. El 16 de diciembre de 2005, contrario a lo que acostumbraba, Martha Lucila salió con su bebé —en ese entonces de 8 meses de edad— a visitar a unos amigos. Antes de llegar a donde ellos, llamó a sus familiares y les dijo que estaba en el Puente de San Carlos, en el sur de Bogotá. Eso fue lo último que se supo de ella. Desde entonces sus familiares la buscan y sus amigos, al contrario, la olvidan. A Yadira, su hermana, una amiga le dijo que era mejor que no se volvieran a ver, “porque si desaparecieron a su hermana, ¿qué tal hagan lo mismo con uno?”. Así es el grado de estigmatización que sufre la familia de Martha Lucila y Jefferson, a quienes siguen buscando.
Nydia Érika Bautista
En una misma semana, Janeth Bautista, sufrió la desaparición de dos de sus seres más queridos: su novio, Cristóbal Triana, el 28 de agosto de 1987, y su hermana, Nydia Érika Bautista, dos días después. Los dos eran militantes del M-19. Janeth dice: “Si merecían la cárcel pues que les dieran la cárcel, pero no tenían por qué desaparecerlos”. Nydia Érika apareció tres años después, asesinada. Por su muerte, la justicia destituyó al general (r) Álvaro Velandia, aunque el Consejo de Estado revocó esta decisión, que fue apelada y hoy está siendo estudiada. Si Nydia viviera, conocería a Antonia, su nieta, y vería a Erick, su hijo, consagrase como poeta.
William ‘el pitujito’ López Carrera
“Pitujito era muy cariñoso, amoroso y hablaba apenas lo necesario”. Flor Alba Carrera ha sufridos dos golpes en menos de 7 años: la desaparición de su hijo y la muerte de su marido. A pesar de esto sostiene, como puede, a sus tres hijos, y busca incansablemente a William, su ‘pitujito’. Desapareció en febrero de 2004 en Puerto Asís (Putumayo), y según las autoridades se lo llevó el frente 48 de las Farc, aunque esta organización guerrillera nunca lo ha reconocido. Desde ese día, Flor Alba lo espera, pero, dice: “Si está muerto yo voy por su restos a donde tenga que ir”, a pesar de que no cuenta con recursos suficientes y que nadie la ha ayudado. Conmovida, comenta que años atrás no era capaz de hablar de su hijo, pero: “Ahora sí, ahora hay una esperanza”. Durante 8 años, Flor Alba no ha dormido bien y está enferma. Lo único que desea es descansar.
Leonardo Gómez
Cuando dos de sus amigos desaparecieron, Leonardo Gómez, de 19 años de edad, salió a las calles a marchar contra el olvido y la impunidad, para que sus compañeros regresaran a casa; sin embargo, meses después, el desaparecido sería él: salió el 14 de noviembre de 1983 a comprar unos materiales escolares y no regresó, apareció muerto y con signos de tortura. Desde entonces, su hermana Gloria dio rienda suelta a una lucha cercana a cumplir 30 años, dirigiendo la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), una organización que le ha abierto los brazos a un drama al que la sociedad le ha dado la espalda.
William López Pedraza
El infante de Marina William López Pedraza desapareció el 14 de febrero de 2011, después de un ataque del frente 48 de las Farc. El Estado lo dio como desaparecido y nunca se volvió a saber de él. “Ellos esperan a que pase el tiempo para poder declararlo como muerto y deshacerse del problema”, dice su padre, Elibardo López. La guerrilla nunca lo ha mencionado entre quienes están bajo su poder. “Era un muchacho divertido. A quien lo conocía le bastaban cinco minutos para cogerle cariño. Con su partida quedó un vacío gigantesco en la familia, sufrimos un giro de 180 grados. Todos nos hemos centrado en buscarlo y eso nos ha afectado. Yo me quedé sin trabajo, y lo poco que me entra es para recorrer el país a ver si algún día lo encuentro”.

Sebastián Jiménez Herrera | Elespectador.com

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Desaparecidos en Colombia

lunes, 19 de marzo de 2012

Guerra a la memoria: 2.863 sindicalistas asesinados en 25 años en Colombia

POR TRASLACOLADELARATA – 18/03/2012
PUBLICADO EN: VOCES


En el último cuatro de siglo en Pereira fueron asesinados 21 sindicalistas. Ocurrió entre 1986 y 2011. Como otras tantas víctimas de la violencia, estos hechos han quedado sepultados por el olvido, y la impunidad.

Por Carlos Victoria |

El PNUD, con el apoyo de ocho países, acaba de publicar un completo estudio sobre el asesinato, desaparición, tortura y secuestro de sindicalistas y trabajadores sindicalizados en Colombia. Sus conclusiones y recomendaciones son discutibles, lo importante es que en la lucha por la verdad y la reparación de los trabajadores colombianos ya no están solos. Y eso cuenta para efecto de lo que sugiere el estudio: la no repetición por persecución, estigmatización y victimización de la acción sindical en nuestro país.

Parecería una utopía pero es una apuesta a los que los demócratas no deben renunciar en un país donde las múltiples violencias, y en especial contra los sindicatos y los trabajadores ha sido una constante, como quiera que Colombia es el país donde la actividad sindical resulta la más peligrosa en el mundo. La violencia ejercida por agentes del Estado, y la ilegalidad en su conjunto contra el sindicalismo solo corrobora una constante a través de la historia: recurrir a la muerte como un mecanismo fácil para dirimir las diferencias (Jaramillo, 1995), en lugar de apelar a los procedimientos de la democracia moderna, en términos del debate, el pluralismo y los disensos entre el capital y el trabajo.

En teoría “el derecho puede servir de barrera para que estos hechos nunca se repitan” (Wills, 2011), sobre todo en Colombia donde aún el sindicalismo no es un eje de democracia, en la medida en que no hay voluntad ni coherencia entre lo que pregona el gobierno y los hechos. La historia del sindicalismo colombiano está escrita por la sangre de las víctimas. Según el estudio citado en los últimos veinticinco años, al menos 2.863 trabajadores fueron asesinados. Los maestros y maestras encabezan las estadísticas. Le siguen los trabajadores bananeros y petroleros. El fenómeno se recrudeció tras el fortalecimiento del paramilitarismos en los años noventa. Si bien desde 2003, la cifra de homicidio ha descendido, las amenazas y la violencia no letal no cesan: “la violencia, mas que marchar hacia su fin…ha experimentado transformaciones en los últimos años.”.

Aunque el propio gobierno reconoce que hizo poco para evitar lo que llama tragedia, a través del Vicepresidente Garzón subraya que el conflicto armado debe “acabarse a las buenas o a las malas”, desde dos condiciones contradictorias: “desarmar la palabra” y el “proceso de unidad nacional”. Desde su acostumbrada muletilla coloca a los actores en el mismo plano a través de la comunidad imaginada de “población trabajadora” y “población empresarial”, descafeinando las contradicciones propias de las relaciones de poder obrero-patronales, y en medio de un contexto normativo censurable a través de políticas de flexibilización laboral y tercerización de las modalidades de contratación inspiradas en la Ley 50 de 1990.

El prejuicio de que todo sindicalista es subversivo, idea propagada por funcionarios públicos, elites empresariales y medios de comunicación ha contribuido a generar un clima de hostilidad y hasta de legitimidad social frente a la violación de los derechos humanos. Lo que en otras sociedades no es otra cosa que una actividad tan legitima como otras tantas, en Colombia es sinónimo de negatividad y acumulación oportunista de derechos. Aún hay voces que señalan a los sindicatos del deterioro competitivo de las empresas, a la vez que responsables de la perdida de puntos del PIB. “La negatividad de la mirada sobre el sindicalismo que impregna todo el entorno, llega hasta los eventuales autores de los hechos violentos contra sindicalistas”, ante los jueces los autores materiales expresaron “la convicción de lo dañino que consideraban sindicatos y huelgas para la sociedad y el progreso”, dice el informe del Pnud.

¿Quién y por qué los matan? Estas preguntas guiaron la investigación dirigida por el profesor Carlos Miguel Ortiz. No es difícil hallar las respuestas. Desde el punto de vista conceptual en Colombia se ha evidente una modernidad sin modernización, y lo que es peor una idea de democracia que ha excluido los derechos humanos como uno de sus pilares fundamentales. La asimetría entre derecho y poder se ha zanjado desde la violencia, la exclusión y no propiamente desde el debate razonado. Hoy Colombia experimenta una de las más tasas más bajas de sindicalización como resultado de la criminalización y la estigmatización del derecho a la libre asociación. El miedo cunde. Los vacíos de información acerca de los autores es una constante: 2.232 casos están sin identificar, aunque los grupos paramilitares encabezan la lista.

…Empresas como Nestlé, Coca Cola y varias palmeras y cementeras han tenido que registrar numerosos homicidios contras trabajadores suyos afiliados a los sindicatos…

(Naciones Unidas, Colombia, 2012)

Sobre los móviles el estudio contrasta diferentes fuentes. Por ejemplo para la Comisión Colombiana de Juristas, de 269 sentencias condenatorias, el 40.52% el móvil del crimen fue la “calificación de la víctima como subversivo por ejercer la actividad sindical”, o “prejuicio insurgente”, como lo califica DeJusticia de la Universidad Nacional. El documento de Naciones Unidas, con el apoyo de países como E.U., Noruega, Suecia, España y Canadá, entre otros, señala que “será necesario emprender acciones que apunten a ir cambiando…el imaginario negativo y el estereotipo de estigma que se activa frente a la acción reivindicativa o de veeduría, de los sindicatos” en Colombia.

La nueva derecha que irrumpe en el concierto latinoamericano no quiere más sindicalistas asesinados. En el caso colombiano promulga el 0 asesinato de trabajadores sindicalizados. Angelino Garzón exsindicalista, candidato a ser el máximo jerarca de la OIT y vicepresidente lo ha dicho con toda claridad: “no más impunidad, no más asesinato de sindicalistas”. Sin embargo cualquiera podría decir que, como lo ordenó un Alcalde de un pueblo italiano, queda terminantemente prohibido morir. Las aristas y pliegues de contexto son diversas. Por ejemplo el asunto se globaliza tras la investigación abierta en Suiza por el asesinato de un sindicalista que laboraba para una multinacional de alimentos, o en los sonados casos del sindicato de Coca Cola, Cerrejón, etc., ni se diga.

Frente al informe “Reconocer el pasado: Construir el futuro”, con Todorov (2008) diría que es históricamente necesario una apropiación social y políticamente más radical de la memoria, porque de hecho hemos asistido a una guerra contra la memoria, en este caso de la víctimas del sindicalismo, desde diversas estrategias que alimentan el olvido. Lo que logran estos informes, auspiciados por las Naciones Unidas con el apoyo de la comunidad internacional, es SALVAR VIDAS HUMANAS, siendo tal vez uno de los resultados esperados en el inmediato. Ya hizo suficientes estragos humanitarios el modelo de “orden limpio”, lo que sigue no solo es la verdad y la reparación integral de las víctimas sino una auténtica apuesta por profundizar la democracia, sostenida en la plena vigencia de los derechos humanos. ¿Agentes del Estado, Patronos y contra estatales estarán dispuestos a sumarse?

lunes, 5 de marzo de 2012

Cada semana es asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia

semana.com / Lunes 5 de marzo de 2012

Cada semana es asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia
El informe que presentó en Suiza el programa ’Somos Defensores’ alerta sobre las 239 agresiones contra las personas encargadas de velar por los derechos humanos, que hubo en el país durante el 2011. Además recoge con indignación el asesinato de 49 de ellos

El programa no gubernamental de protección a los defensores de derechos humanos ’Somos Defensores’ presentó este lunes un documento en Ginebra, Suiza, sobre la situación de acoso que padecen los protectores de los derechos humanos en todo el país.

El documento, que también será entregado al Consejo de Naciones Unidas y a la Relatora Especial para Defensores de la ONU, contiene cifras alarmantes contra los encargados de proteger los derechos humanos, quienes sufren amenazas, agresiones y ataques mortales por parte de grupos paramilitares y guerrilleros principalmente.

’Somos Defensores’, conformado por la Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas y Benposta Nación de Muchachos, señala que la protección del Estado aún es incipiente muy a pesar de los avances normativos y que aún se encuentran varios claroscuros en esta materia.

Según el informe, el 2011 fue un año de contrastes. Por un lado, el gobierno colombiano generó una gran expectativa, especialmente en los sectores políticos, de derechos humanos y sociales, "por su tono de ponderación política, conciliador e incluyente".

Estas esperanzas se vieron reforzadas hacia el final del año debido a un nuevo y robusto paquete normativo, "que reorganizó la rama ejecutiva para responder al desafío de proteger integralmente a líderes sociales, defensoras, defensores, periodistas, sindicalistas, víctimas y demás poblaciones en riesgo", recoge el documento.

Sin embargo, y en contraste con estas "transformaciones institucionales positivas", la labor de defensa de derechos humanos "dio señales de ser más perseguida y agredida que en años anteriores, acompañada de una evidente tendencia a la denuncia de estos hechos de agresión por parte de líderes y defensores".

Dicha persecución resulta evidente a la luz de las cifras. Conforme al registro realizado por el sistema de información de esta organización, 239 individuos fueron víctimas de agresiones, al igual que 116 organizaciones sociales y de derechos humanos. Las agresiones individuales significaron un incremento del 36% en comparación con el 2010.

A esto se le suma que 49 defensores, defensoras, líderes y lideresas sociales fueron asesinados y seis más fueron desaparecidos. En promedio, cada 36 horas fue agredido un defensor y cada ocho días fue asesinado uno de ellos.

De ellos, los líderes indígenas, defensores de víctimas y quienes lideran los procesos de restitución de tierras fueron los más agredidos en el 2011.

Las cifras registradas por este organismo revelan que el grave incremento en las agresiones registradas en los últimos tres años supera el período de los seis años comprendido entre el 2002 y el 2008.

Este aumento, según el análisis del programa ’Somos Defensores’, puede ser atribuido a una mayor posibilidad de denuncia desde las organizaciones sociales, así como la consolidación paulatina de información que en años anteriores era muy difícil conseguir, debido a los altos niveles de violencia y temor de los defensores y líderes en las regiones a denunciar por temor a represalias.

En comparación con el 2010, ’Somos Defensores’ señala como casos de extrema preocupación el incremento de las amenazas de 109 a 140 casos, los asesinatos de 32 a 49, las detenciones arbitrarias de 11 a 23 y la reaparición de las desapariciones forzadas como una forma de agresión contra la labor de defensa de derechos humanos en Colombia con seis casos.

También se identificaron los departamentos más afectados por el asesinato de defensores. Antioquia fue el que más casos sufrió, con 17, seguido por Cauca, con nueve; Córdoba, con seis, y Putumayo, con tres. De los 49 asesinatos, el 86% correspondieron a hombres (42 casos) y el 14% a mujeres (siete casos).

La mayoría de los casos, 28, no son atribuibles a un grupo armado específico, mientras que a los paramilitares se les acusa de haber cometido 13 de estos asesinatos, a las FARC cinco y a la Fuerza Pública dos asesinatos.

Testigos del flagelo

El programa ’Somos Defensores’ también explica que varios organismos internacionales, como la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), El Centro de Justicia y Ley Internacional y Amnistía Internacional en Europa, entre otros, constataron que las amenazas, asesinatos y hostigamientos, continúan en Colombia contra quienes defienden los derechos humanos.

En el segundo semestre, y producto de la crítica situación evidenciada durante los primeros seis meses del 2011, una comisión internacional visitó Colombia en el mes de noviembre para constatar en terreno, las condiciones para el ejercicio de defensa de derechos humanos en ocho regiones del país.

Esta Misión Internacional de Verificación fue integrada por 40 defensores de 15 países, entre los cuales asistieron diputados, juristas y activistas con intención de hacer seguimiento al informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU.

Como resultado de esta visita la misión concluyó en su informe preliminar las siguientes violaciones: los ataques contra los defensores permanecen en la impunidad; la protección que reciben los defensores no es adecuada; los señalamientos y estigmatizaciones siguen contra quienes defienden los derechos humanos, y hay evidencia de que la inteligencia estatal continúa siendo usada contra los defensores.

lunes, 27 de febrero de 2012

Escuchando al juez Garzón

Opinión |26 Feb 2012 - 11:00 pm

Por: María Elvira Bonilla

"El Tribunal Supremo puede apartar al juez Baltasar Garzón, pero a la justicia nada ni nadie podrá apartarle del juez Garzón. Nunca".

Con estas palabras la directora de cine Isabel Coixet recibió, en medio de ovaciones, la semana que pasó el Premio Goya al Mejor documental por su película Escuchando al juez Garzón. Un trabajo documental sobre el proceso judicial que condujo a inhabilitar al juez durante once años. La academia española fue la encargada de escoger a los ganadores y esta vez interpretó un sentimiento que ronda a muchos españoles que consideran la decisión desproporcionada e injusta, producto de los cientos de causas que ha asumido el juez afectando intereses y poderes. La entrevista, que es el hilo conductor del documental ganador, se convirtió en un libro titulado La fuerza de la razón, en el que queda clara la visión que tiene Garzón de la justicia y su compromiso de lucha impenitente por el derecho de defensa que tienen las víctimas, que son usualmente los más débiles, sin importar fronteras.
Por esto se atrevió a remover el pasado de la historia de la Guerra Civil. Mucho se ha sabido, gracias a él, del horror de lo allí ocurrido y que el franquismo, y buena parte de la sociedad española, ha querido enterrar en el olvido. En alguna de esas tumbas anónimas yace el poeta Federico García Lorca junto a cientos de intelectuales que terminaron en el cadalso o muriendo en el exilio como Antonio Machado o Miguel Hernández, víctimas del fanatismo político y la ciega persecución de ideas e ideales. Allí están los restos de las 1.654 que cayeron en el bombardeo a Guernica, la tercera parte de los habitantes del pueblito vasco, que inspiró e inmortalizó Picasso en su imponente tríptico bicolor.
“Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis”, advirtió Miguel de Unamuno, cuando era sacado a empellones por el general Millán Astray de la rectoría de la Universidad de Salamanca, al tiempo que el general Francisco Franco estimulaba esa fuerza bruta con sus rabiosas diatribas: “Si es necesario, mandaré a fusilar a media España”. Tres años de guerra civil que dejaron 1 millón de muertos, 500.000 exiliados, 2 millones de presos y 113.000 desaparecidos, hechos que Franco creyó poder borrar con sus 35 años de dictadura. Pero no. El juez Garzón aceptó averiguar la suerte, 70 años después, de siete de esas víctimas que nunca aparecieron. La ira franquista prometió vengarse y decapitar profesionalmente al juez. Silenciarlo.
Cuando de investigar la corrupción se trataba, Garzón tampoco tuvo barreras. Una corrupción que ha dejado sus huellas en la actual crisis que azota a España. Y ese ejercicio topó con los grandes poderes. “La corrupción es la peor amenaza para la democracia”, ha dicho. Actuó en consecuencia y se la cobraron desde las distintas orillas políticas. Garzón está tranquilo después del férreo castigo, preparado para apelar la sentencia ante tribunales internacionales. Repetiría las decisiones que tomó, con la tranquilidad de quien actúa con convicción. La misma convicción que lo tiene en Colombia sumándose al proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas que ha dejado el conflicto desde 1985, como lo estableció la recientemente aprobada ley. Convicción que lo dejará en el país, aunque al procurador Alejandro Ordóñez, quien se siente revestido de un poder omnímodo de una supuesta autoridad moral, cual moderno inquisidor, no le guste.

tomado de http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-328879-escuchando-al-juez-garzon

martes, 17 de enero de 2012

Prueba de fuerza

Alfredo Molano Bravo
El Espectador


Los Urabeños, una de las organizaciones que comenzaron a ser llamadas con el eufemístico nombre de bandas criminales, han mostrado la fuerza que tienen en seis departamentos —Antioquia, Chocó, Magdalena, Córdoba, Cesar y Sucre—, zonas donde el paramilitarismo no sólo no ha dejado de ser fuerte, sino que, por el contrario, se está removilizando.

El narcotráfico, el contrabando y el sicarismo siguen siendo sus fuentes logísticas, pero es posible que, hoy por hoy, la extorsión sea la más jugosa de sus actividades. Se sabía que en Bello, todo negocio, grande o pequeño, paga vacuna o cuota de seguridad a uno o a otro combo. En Ciénaga, Magdalena, sucede lo mismo. En Istmina, en Montelíbano, en Tumaco, ibídem. Se ha creado una gran red de extorsión que, no dudo en pensar, es nacional o está a punto de serlo. Se ha ido creando a la sombra de la desmovilización del paramilitarismo. Las Auc cobraban rigurosamente aportes o colaboraciones o cuotas para sostener sus organizaciones. Al principio, ganaderos, comerciantes, transportadores los pagaban con gusto, porque a cambio recibían protección para sus negocios, lo que implicaba sacar la guerrilla —que también extorsionaba, y extorsiona— a punta de masacres o de asesinatos ejemplarizantes, imponer salarios bajos y liquidar protestas laborales. Y claro, hacer limpiezas sociales. Los paras tenían bases de datos de toda la gente pudiente.

Con el tiempo, los colaboradores se fueron cansando o quebrando. Coincide este momento con la desmovilización: es más barato, dijeron, pagar los impuestos que las cuotas. Pero ya era tarde. Los combos desmovilizados, cada uno por su lado, continuaron cobrando aportes, respaldados por las muchas armas que nunca entregaron y por la fama que cada paraco tenía en la zona. Ya no necesitaban uniformes, ni brazaletes ni armas largas. Más aún, en muchas partes, los colaboradores tenían —y tienen— que pagar a varios combos al tiempo, porque no hay unidad de mando. En cada región mandan al tiempo Urabeños, Paisas, Rastrojos, y todos reciben.

La gran diferencia con el tiempo de las Auc es que ahora se popularizó la extorsión. En Ciénaga, por ejemplo, paga cuota desde el que vende minutos hasta las grandes empresas bananeras o mineras. Pero sucede en todo el departamento de Magdalena. Y en toda La Guajira. Lo conozco y lo vi en el sur de Córdoba y presumo que hacia el norte, igual. En Urabá y en las zonas mineras del Pacífico la situación es la misma. La extorsión domina y por esta vía controlan la población. ¿De qué vivían Cuchillo y Caracho en Meta y Vichada? A medida que el narcotráfico se concentra y monopoliza en carteles medianos y grandes, la extorsión se democratiza, se amplía —digamos— la base tributaria paralela. Con seguridad, en muchas zonas rurales se paga más en extorsión que en impuesto predial.

La organización que se requiere para la extorsión es, por supuesto, militar: los combos andan armados y asesinan colaboradores o aportantes que se atrasan en sus obligaciones o que se niegan a adquirirlas. Pero voy más allá: ¿Cómo es posible que siendo un fenómeno tan generalizado, tan gravoso para los extorsionados, las autoridades no se den cuenta? ¿O se dan cuenta y cobran su parte? No digo todas; tampoco que sea un comportamiento institucional, pero la dimensión del negocio impone esta explicación. Alejandro Arias, un juicioso periodista samario, escribe: A la policía nadie le cree porque “se ha dedicado a jugar a la política y ha mentido en los aspectos relevantes de la seguridad ciudadana. No hay muerto que no esté justificado en sus comunicados de prensa: lo mataron porque era abogado, era periodista, era mendigo, era desmovilizado, era cualquier cosa por la que se justifica lo hayan asesinado; sí, y por cuenta de ello la sociedad debería estar tranquila”. Hay que mirar con cuidado.

La muerte de Giovanni —Juan de Dios Úsuga— dio pie a una demostración de fuerza que tiene un mensaje: Déjennos trabajar. ¿Cómo podrían los Urabeños y asociados paralizar seis departamentos si no tuvieran una gran red de negocios respaldada por un eficaz poder armado?

La entrevista de Piedad Cordoba que enfureció al presidente colombiano Juan Manuel Santos