Guerra a la memoria: 2.863 sindicalistas asesinados en 25 años en Colombia

POR TRASLACOLADELARATA – 18/03/2012
PUBLICADO EN: VOCES


En el último cuatro de siglo en Pereira fueron asesinados 21 sindicalistas. Ocurrió entre 1986 y 2011. Como otras tantas víctimas de la violencia, estos hechos han quedado sepultados por el olvido, y la impunidad.

Por Carlos Victoria |

El PNUD, con el apoyo de ocho países, acaba de publicar un completo estudio sobre el asesinato, desaparición, tortura y secuestro de sindicalistas y trabajadores sindicalizados en Colombia. Sus conclusiones y recomendaciones son discutibles, lo importante es que en la lucha por la verdad y la reparación de los trabajadores colombianos ya no están solos. Y eso cuenta para efecto de lo que sugiere el estudio: la no repetición por persecución, estigmatización y victimización de la acción sindical en nuestro país.

Parecería una utopía pero es una apuesta a los que los demócratas no deben renunciar en un país donde las múltiples violencias, y en especial contra los sindicatos y los trabajadores ha sido una constante, como quiera que Colombia es el país donde la actividad sindical resulta la más peligrosa en el mundo. La violencia ejercida por agentes del Estado, y la ilegalidad en su conjunto contra el sindicalismo solo corrobora una constante a través de la historia: recurrir a la muerte como un mecanismo fácil para dirimir las diferencias (Jaramillo, 1995), en lugar de apelar a los procedimientos de la democracia moderna, en términos del debate, el pluralismo y los disensos entre el capital y el trabajo.

En teoría “el derecho puede servir de barrera para que estos hechos nunca se repitan” (Wills, 2011), sobre todo en Colombia donde aún el sindicalismo no es un eje de democracia, en la medida en que no hay voluntad ni coherencia entre lo que pregona el gobierno y los hechos. La historia del sindicalismo colombiano está escrita por la sangre de las víctimas. Según el estudio citado en los últimos veinticinco años, al menos 2.863 trabajadores fueron asesinados. Los maestros y maestras encabezan las estadísticas. Le siguen los trabajadores bananeros y petroleros. El fenómeno se recrudeció tras el fortalecimiento del paramilitarismos en los años noventa. Si bien desde 2003, la cifra de homicidio ha descendido, las amenazas y la violencia no letal no cesan: “la violencia, mas que marchar hacia su fin…ha experimentado transformaciones en los últimos años.”.

Aunque el propio gobierno reconoce que hizo poco para evitar lo que llama tragedia, a través del Vicepresidente Garzón subraya que el conflicto armado debe “acabarse a las buenas o a las malas”, desde dos condiciones contradictorias: “desarmar la palabra” y el “proceso de unidad nacional”. Desde su acostumbrada muletilla coloca a los actores en el mismo plano a través de la comunidad imaginada de “población trabajadora” y “población empresarial”, descafeinando las contradicciones propias de las relaciones de poder obrero-patronales, y en medio de un contexto normativo censurable a través de políticas de flexibilización laboral y tercerización de las modalidades de contratación inspiradas en la Ley 50 de 1990.

El prejuicio de que todo sindicalista es subversivo, idea propagada por funcionarios públicos, elites empresariales y medios de comunicación ha contribuido a generar un clima de hostilidad y hasta de legitimidad social frente a la violación de los derechos humanos. Lo que en otras sociedades no es otra cosa que una actividad tan legitima como otras tantas, en Colombia es sinónimo de negatividad y acumulación oportunista de derechos. Aún hay voces que señalan a los sindicatos del deterioro competitivo de las empresas, a la vez que responsables de la perdida de puntos del PIB. “La negatividad de la mirada sobre el sindicalismo que impregna todo el entorno, llega hasta los eventuales autores de los hechos violentos contra sindicalistas”, ante los jueces los autores materiales expresaron “la convicción de lo dañino que consideraban sindicatos y huelgas para la sociedad y el progreso”, dice el informe del Pnud.

¿Quién y por qué los matan? Estas preguntas guiaron la investigación dirigida por el profesor Carlos Miguel Ortiz. No es difícil hallar las respuestas. Desde el punto de vista conceptual en Colombia se ha evidente una modernidad sin modernización, y lo que es peor una idea de democracia que ha excluido los derechos humanos como uno de sus pilares fundamentales. La asimetría entre derecho y poder se ha zanjado desde la violencia, la exclusión y no propiamente desde el debate razonado. Hoy Colombia experimenta una de las más tasas más bajas de sindicalización como resultado de la criminalización y la estigmatización del derecho a la libre asociación. El miedo cunde. Los vacíos de información acerca de los autores es una constante: 2.232 casos están sin identificar, aunque los grupos paramilitares encabezan la lista.

…Empresas como Nestlé, Coca Cola y varias palmeras y cementeras han tenido que registrar numerosos homicidios contras trabajadores suyos afiliados a los sindicatos…

(Naciones Unidas, Colombia, 2012)

Sobre los móviles el estudio contrasta diferentes fuentes. Por ejemplo para la Comisión Colombiana de Juristas, de 269 sentencias condenatorias, el 40.52% el móvil del crimen fue la “calificación de la víctima como subversivo por ejercer la actividad sindical”, o “prejuicio insurgente”, como lo califica DeJusticia de la Universidad Nacional. El documento de Naciones Unidas, con el apoyo de países como E.U., Noruega, Suecia, España y Canadá, entre otros, señala que “será necesario emprender acciones que apunten a ir cambiando…el imaginario negativo y el estereotipo de estigma que se activa frente a la acción reivindicativa o de veeduría, de los sindicatos” en Colombia.

La nueva derecha que irrumpe en el concierto latinoamericano no quiere más sindicalistas asesinados. En el caso colombiano promulga el 0 asesinato de trabajadores sindicalizados. Angelino Garzón exsindicalista, candidato a ser el máximo jerarca de la OIT y vicepresidente lo ha dicho con toda claridad: “no más impunidad, no más asesinato de sindicalistas”. Sin embargo cualquiera podría decir que, como lo ordenó un Alcalde de un pueblo italiano, queda terminantemente prohibido morir. Las aristas y pliegues de contexto son diversas. Por ejemplo el asunto se globaliza tras la investigación abierta en Suiza por el asesinato de un sindicalista que laboraba para una multinacional de alimentos, o en los sonados casos del sindicato de Coca Cola, Cerrejón, etc., ni se diga.

Frente al informe “Reconocer el pasado: Construir el futuro”, con Todorov (2008) diría que es históricamente necesario una apropiación social y políticamente más radical de la memoria, porque de hecho hemos asistido a una guerra contra la memoria, en este caso de la víctimas del sindicalismo, desde diversas estrategias que alimentan el olvido. Lo que logran estos informes, auspiciados por las Naciones Unidas con el apoyo de la comunidad internacional, es SALVAR VIDAS HUMANAS, siendo tal vez uno de los resultados esperados en el inmediato. Ya hizo suficientes estragos humanitarios el modelo de “orden limpio”, lo que sigue no solo es la verdad y la reparación integral de las víctimas sino una auténtica apuesta por profundizar la democracia, sostenida en la plena vigencia de los derechos humanos. ¿Agentes del Estado, Patronos y contra estatales estarán dispuestos a sumarse?

Cada semana es asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia

semana.com / Lunes 5 de marzo de 2012

Cada semana es asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia
El informe que presentó en Suiza el programa ’Somos Defensores’ alerta sobre las 239 agresiones contra las personas encargadas de velar por los derechos humanos, que hubo en el país durante el 2011. Además recoge con indignación el asesinato de 49 de ellos

El programa no gubernamental de protección a los defensores de derechos humanos ’Somos Defensores’ presentó este lunes un documento en Ginebra, Suiza, sobre la situación de acoso que padecen los protectores de los derechos humanos en todo el país.

El documento, que también será entregado al Consejo de Naciones Unidas y a la Relatora Especial para Defensores de la ONU, contiene cifras alarmantes contra los encargados de proteger los derechos humanos, quienes sufren amenazas, agresiones y ataques mortales por parte de grupos paramilitares y guerrilleros principalmente.

’Somos Defensores’, conformado por la Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas y Benposta Nación de Muchachos, señala que la protección del Estado aún es incipiente muy a pesar de los avances normativos y que aún se encuentran varios claroscuros en esta materia.

Según el informe, el 2011 fue un año de contrastes. Por un lado, el gobierno colombiano generó una gran expectativa, especialmente en los sectores políticos, de derechos humanos y sociales, "por su tono de ponderación política, conciliador e incluyente".

Estas esperanzas se vieron reforzadas hacia el final del año debido a un nuevo y robusto paquete normativo, "que reorganizó la rama ejecutiva para responder al desafío de proteger integralmente a líderes sociales, defensoras, defensores, periodistas, sindicalistas, víctimas y demás poblaciones en riesgo", recoge el documento.

Sin embargo, y en contraste con estas "transformaciones institucionales positivas", la labor de defensa de derechos humanos "dio señales de ser más perseguida y agredida que en años anteriores, acompañada de una evidente tendencia a la denuncia de estos hechos de agresión por parte de líderes y defensores".

Dicha persecución resulta evidente a la luz de las cifras. Conforme al registro realizado por el sistema de información de esta organización, 239 individuos fueron víctimas de agresiones, al igual que 116 organizaciones sociales y de derechos humanos. Las agresiones individuales significaron un incremento del 36% en comparación con el 2010.

A esto se le suma que 49 defensores, defensoras, líderes y lideresas sociales fueron asesinados y seis más fueron desaparecidos. En promedio, cada 36 horas fue agredido un defensor y cada ocho días fue asesinado uno de ellos.

De ellos, los líderes indígenas, defensores de víctimas y quienes lideran los procesos de restitución de tierras fueron los más agredidos en el 2011.

Las cifras registradas por este organismo revelan que el grave incremento en las agresiones registradas en los últimos tres años supera el período de los seis años comprendido entre el 2002 y el 2008.

Este aumento, según el análisis del programa ’Somos Defensores’, puede ser atribuido a una mayor posibilidad de denuncia desde las organizaciones sociales, así como la consolidación paulatina de información que en años anteriores era muy difícil conseguir, debido a los altos niveles de violencia y temor de los defensores y líderes en las regiones a denunciar por temor a represalias.

En comparación con el 2010, ’Somos Defensores’ señala como casos de extrema preocupación el incremento de las amenazas de 109 a 140 casos, los asesinatos de 32 a 49, las detenciones arbitrarias de 11 a 23 y la reaparición de las desapariciones forzadas como una forma de agresión contra la labor de defensa de derechos humanos en Colombia con seis casos.

También se identificaron los departamentos más afectados por el asesinato de defensores. Antioquia fue el que más casos sufrió, con 17, seguido por Cauca, con nueve; Córdoba, con seis, y Putumayo, con tres. De los 49 asesinatos, el 86% correspondieron a hombres (42 casos) y el 14% a mujeres (siete casos).

La mayoría de los casos, 28, no son atribuibles a un grupo armado específico, mientras que a los paramilitares se les acusa de haber cometido 13 de estos asesinatos, a las FARC cinco y a la Fuerza Pública dos asesinatos.

Testigos del flagelo

El programa ’Somos Defensores’ también explica que varios organismos internacionales, como la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), El Centro de Justicia y Ley Internacional y Amnistía Internacional en Europa, entre otros, constataron que las amenazas, asesinatos y hostigamientos, continúan en Colombia contra quienes defienden los derechos humanos.

En el segundo semestre, y producto de la crítica situación evidenciada durante los primeros seis meses del 2011, una comisión internacional visitó Colombia en el mes de noviembre para constatar en terreno, las condiciones para el ejercicio de defensa de derechos humanos en ocho regiones del país.

Esta Misión Internacional de Verificación fue integrada por 40 defensores de 15 países, entre los cuales asistieron diputados, juristas y activistas con intención de hacer seguimiento al informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU.

Como resultado de esta visita la misión concluyó en su informe preliminar las siguientes violaciones: los ataques contra los defensores permanecen en la impunidad; la protección que reciben los defensores no es adecuada; los señalamientos y estigmatizaciones siguen contra quienes defienden los derechos humanos, y hay evidencia de que la inteligencia estatal continúa siendo usada contra los defensores.

Escuchando al juez Garzón

Opinión |26 Feb 2012 - 11:00 pm

Por: María Elvira Bonilla

"El Tribunal Supremo puede apartar al juez Baltasar Garzón, pero a la justicia nada ni nadie podrá apartarle del juez Garzón. Nunca".

Con estas palabras la directora de cine Isabel Coixet recibió, en medio de ovaciones, la semana que pasó el Premio Goya al Mejor documental por su película Escuchando al juez Garzón. Un trabajo documental sobre el proceso judicial que condujo a inhabilitar al juez durante once años. La academia española fue la encargada de escoger a los ganadores y esta vez interpretó un sentimiento que ronda a muchos españoles que consideran la decisión desproporcionada e injusta, producto de los cientos de causas que ha asumido el juez afectando intereses y poderes. La entrevista, que es el hilo conductor del documental ganador, se convirtió en un libro titulado La fuerza de la razón, en el que queda clara la visión que tiene Garzón de la justicia y su compromiso de lucha impenitente por el derecho de defensa que tienen las víctimas, que son usualmente los más débiles, sin importar fronteras.
Por esto se atrevió a remover el pasado de la historia de la Guerra Civil. Mucho se ha sabido, gracias a él, del horror de lo allí ocurrido y que el franquismo, y buena parte de la sociedad española, ha querido enterrar en el olvido. En alguna de esas tumbas anónimas yace el poeta Federico García Lorca junto a cientos de intelectuales que terminaron en el cadalso o muriendo en el exilio como Antonio Machado o Miguel Hernández, víctimas del fanatismo político y la ciega persecución de ideas e ideales. Allí están los restos de las 1.654 que cayeron en el bombardeo a Guernica, la tercera parte de los habitantes del pueblito vasco, que inspiró e inmortalizó Picasso en su imponente tríptico bicolor.
“Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis”, advirtió Miguel de Unamuno, cuando era sacado a empellones por el general Millán Astray de la rectoría de la Universidad de Salamanca, al tiempo que el general Francisco Franco estimulaba esa fuerza bruta con sus rabiosas diatribas: “Si es necesario, mandaré a fusilar a media España”. Tres años de guerra civil que dejaron 1 millón de muertos, 500.000 exiliados, 2 millones de presos y 113.000 desaparecidos, hechos que Franco creyó poder borrar con sus 35 años de dictadura. Pero no. El juez Garzón aceptó averiguar la suerte, 70 años después, de siete de esas víctimas que nunca aparecieron. La ira franquista prometió vengarse y decapitar profesionalmente al juez. Silenciarlo.
Cuando de investigar la corrupción se trataba, Garzón tampoco tuvo barreras. Una corrupción que ha dejado sus huellas en la actual crisis que azota a España. Y ese ejercicio topó con los grandes poderes. “La corrupción es la peor amenaza para la democracia”, ha dicho. Actuó en consecuencia y se la cobraron desde las distintas orillas políticas. Garzón está tranquilo después del férreo castigo, preparado para apelar la sentencia ante tribunales internacionales. Repetiría las decisiones que tomó, con la tranquilidad de quien actúa con convicción. La misma convicción que lo tiene en Colombia sumándose al proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas que ha dejado el conflicto desde 1985, como lo estableció la recientemente aprobada ley. Convicción que lo dejará en el país, aunque al procurador Alejandro Ordóñez, quien se siente revestido de un poder omnímodo de una supuesta autoridad moral, cual moderno inquisidor, no le guste.

tomado de http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-328879-escuchando-al-juez-garzon

Prueba de fuerza

Alfredo Molano Bravo
El Espectador


Los Urabeños, una de las organizaciones que comenzaron a ser llamadas con el eufemístico nombre de bandas criminales, han mostrado la fuerza que tienen en seis departamentos —Antioquia, Chocó, Magdalena, Córdoba, Cesar y Sucre—, zonas donde el paramilitarismo no sólo no ha dejado de ser fuerte, sino que, por el contrario, se está removilizando.

El narcotráfico, el contrabando y el sicarismo siguen siendo sus fuentes logísticas, pero es posible que, hoy por hoy, la extorsión sea la más jugosa de sus actividades. Se sabía que en Bello, todo negocio, grande o pequeño, paga vacuna o cuota de seguridad a uno o a otro combo. En Ciénaga, Magdalena, sucede lo mismo. En Istmina, en Montelíbano, en Tumaco, ibídem. Se ha creado una gran red de extorsión que, no dudo en pensar, es nacional o está a punto de serlo. Se ha ido creando a la sombra de la desmovilización del paramilitarismo. Las Auc cobraban rigurosamente aportes o colaboraciones o cuotas para sostener sus organizaciones. Al principio, ganaderos, comerciantes, transportadores los pagaban con gusto, porque a cambio recibían protección para sus negocios, lo que implicaba sacar la guerrilla —que también extorsionaba, y extorsiona— a punta de masacres o de asesinatos ejemplarizantes, imponer salarios bajos y liquidar protestas laborales. Y claro, hacer limpiezas sociales. Los paras tenían bases de datos de toda la gente pudiente.

Con el tiempo, los colaboradores se fueron cansando o quebrando. Coincide este momento con la desmovilización: es más barato, dijeron, pagar los impuestos que las cuotas. Pero ya era tarde. Los combos desmovilizados, cada uno por su lado, continuaron cobrando aportes, respaldados por las muchas armas que nunca entregaron y por la fama que cada paraco tenía en la zona. Ya no necesitaban uniformes, ni brazaletes ni armas largas. Más aún, en muchas partes, los colaboradores tenían —y tienen— que pagar a varios combos al tiempo, porque no hay unidad de mando. En cada región mandan al tiempo Urabeños, Paisas, Rastrojos, y todos reciben.

La gran diferencia con el tiempo de las Auc es que ahora se popularizó la extorsión. En Ciénaga, por ejemplo, paga cuota desde el que vende minutos hasta las grandes empresas bananeras o mineras. Pero sucede en todo el departamento de Magdalena. Y en toda La Guajira. Lo conozco y lo vi en el sur de Córdoba y presumo que hacia el norte, igual. En Urabá y en las zonas mineras del Pacífico la situación es la misma. La extorsión domina y por esta vía controlan la población. ¿De qué vivían Cuchillo y Caracho en Meta y Vichada? A medida que el narcotráfico se concentra y monopoliza en carteles medianos y grandes, la extorsión se democratiza, se amplía —digamos— la base tributaria paralela. Con seguridad, en muchas zonas rurales se paga más en extorsión que en impuesto predial.

La organización que se requiere para la extorsión es, por supuesto, militar: los combos andan armados y asesinan colaboradores o aportantes que se atrasan en sus obligaciones o que se niegan a adquirirlas. Pero voy más allá: ¿Cómo es posible que siendo un fenómeno tan generalizado, tan gravoso para los extorsionados, las autoridades no se den cuenta? ¿O se dan cuenta y cobran su parte? No digo todas; tampoco que sea un comportamiento institucional, pero la dimensión del negocio impone esta explicación. Alejandro Arias, un juicioso periodista samario, escribe: A la policía nadie le cree porque “se ha dedicado a jugar a la política y ha mentido en los aspectos relevantes de la seguridad ciudadana. No hay muerto que no esté justificado en sus comunicados de prensa: lo mataron porque era abogado, era periodista, era mendigo, era desmovilizado, era cualquier cosa por la que se justifica lo hayan asesinado; sí, y por cuenta de ello la sociedad debería estar tranquila”. Hay que mirar con cuidado.

La muerte de Giovanni —Juan de Dios Úsuga— dio pie a una demostración de fuerza que tiene un mensaje: Déjennos trabajar. ¿Cómo podrían los Urabeños y asociados paralizar seis departamentos si no tuvieran una gran red de negocios respaldada por un eficaz poder armado?

La entrevista de Piedad Cordoba que enfureció al presidente colombiano Juan Manuel Santos

Presidente de El Salvador pide perdón por masacre del Ejército

1.000 campesinos fueron asesinados por el Ejército en 1981. Funes lloró durante el acto.

Fue la peor matanza de civiles en la guerra civil, al conmemorar los 20 años de la firma de los acuerdos de paz.

"Por esa masacre, por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón a las familias de las víctimas", exclamó el presidente Mauricio Funes, entre lágrimas, en un acto en la plaza del humilde caserío de El Mozote.

"Pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas que no saben hasta el día de hoy el paradero de sus seres queridos. Pido perdón al pueblo salvadoreño que fue víctima de este tipo de violencia atroz e inaceptable", expresó el gobernante ante familiares de las víctimas.

Con el emotivo acto simbólico, que guardó un minuto de silencio, el mandatario presidió la conmemoración del 20 aniversario de la firma de los acuerdos que el 16 de enero de 1992 pusieron fin a una cruenta guerra civil que desangró a El Salvador por 12 años y dejó 75.000 muertos.

"Estoy aquí (...) para reconocer la verdad y profundizar el camino de la justicia y la paz. (...) Hace poco más de 30 años se consumó una desmesura criminal que se pretendió negar y ocultar sistemáticamente", dijo Funes, quien en 2009 llegó al poder con el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La matanza, en la que murieron 460 niños, fue perpetrada entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 por tropas del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército, que acusaron a los pobladores de colaborar con la guerrilla izquierdista.

"A 30 años de este horror sigue la impunidad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue el daño que habían hecho (los pobladores)? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué los niños en lugar de recibir juguetes recibieron balas? íEl Mozote nunca más!", manifestó Dorila Márquez, en un discurso en representación de las familias.

Crímenes de lesa humanidad quedaron impunes por una amnistía aprobada en 1993 en el marco de los acuerdos de paz, a pedido del gobierno, por lo que la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos -con sede en San José-, que este año debe llamar a audiencias.

"Queda largo camino por recorrer, las heridas siguen abiertas. La receta simplista del perdón y olvido no funcionó", dijo el presidente del Congreso, Sigfrido Reyes, en una sesión solemne por el 20 aniversario de los acuerdos.

La Comisión de La Verdad, creada por las Naciones Unidas (ONU), responsabilizó de la masacre a varios militares, algunos de los cuales murieron durante la guerra.

Funes dijo haber instruido a la Fuerza Armada para que revise "su interpretación de la historia a la luz" del reconocimiento histórico de este lunes, y abogó por el fortalecimiento del rol profesional y despolitizado de la institución.

"Vengo a asumir ante el pueblo salvadoreño y ante el mundo la responsabilidad que mis antecesores no quisieron o no se animaron a asumir y con esa actitud negaron la justicia a quienes aún lloran a sus muertos", expresó.

Durante el acto en el Congreso, Cristiani, que firmó la paz con el FMLN, destacó que "la guerra no debe ser motivo de orgullo, no hubo ni vencedores ni vencidos". "Las partes fueron capaces de reunirse y dialogar, ese es el legado", agregó.

A un costado del monumento erigido en memoria de las víctimas, Funes dijo que su gesto "no pretende borrar el dolor", pero es un acto de "dignificación de las víctimas", y "expresión" del compromiso oficial de resarcir a los familiares "moral y materialmente".

El presidente, primero de izquierda en la historia de El Salvador, explicó que su gobierno invertirá 6,4 millones de dólares, para crear un puesto de salud, programas de desarrollo productivo, un asilo de ancianos y el asfaltado de carreteras de acceso a la zona.

El Mozote, El Salvador (AFP)


Por: AFP | 11:11 p.m. | 16 de Enero del 2012

Carta a Medófilo Medina de Timoleón Jiménez

Timoleón Jimenez / Viernes 13 de enero de 2012
de Timoleón Jimenez

Comandante de las FARC - EP
+ en Colombia
• 37 sindicalistas asesinados en Colombia durante el 2009

Doctor:

Medófilo Medina

Bogotá.

Apreciado Profesor:

Con mi saludo quisiera hacerlo partícipe de la voluntad varias veces expresada por el Camarada Alfonso Cano de dar respuesta a su carta abierta. Es obvio que las circunstancias que lo asediaban hicieron imposible la materialización de su propósito.

Si me lo permite, muerto el Comandante en combate, intentaré sin pretensión satisfacer en parte sus inquietudes, salvando el hecho de que usted le haya escrito a él en consideración a la relación personal y política que sostuvieron en un ya lejano pasado. A veces me asalta el pensamiento de que quería usted entablar más un intercambio con el antiguo camarada que con las FARC.

Es que no es fácil relacionarse en las condiciones actuales del país con nosotros. Existe un prisma mediático establecido, que ubica de inmediato en la picota a quien ose asumir una visión distinta a la pregonada por el poder. Eso del pensamiento único es mucho más que una consigna. Adopta consecuencias letales, trascurre por el ostracismo y el olvido, la estigmatización, el fin definitivo del empleo, la intimidación, la ruina, la cárcel, hasta llegar incluso a una muerte anodina.

Su valentía merece reconocimiento. Como académico de criterio independiente, se arriesga a pasar de la efímera gloria concedida por sus francos cuestionamientos, a la irredimible condena por haberse prestado a servirnos de incauto instrumento. Todo dependerá de lo que los depredadores de oficio puedan obtener una vez se lancen hambrientos sobre nuestras consideraciones. Es eso en realidad lo único que les interesa, un flanco nuevo por el cual intentar desangrarnos.

El por qué de la guerra

El primer subtítulo de su carta dice: Los colombianos necesitamos entender el por qué de la guerra, lo cual nos confirma que usted no se encuentra solo y que un importante sector del pensamiento social espera sin prevenciones lo que podamos decir. El movimiento que se firma Colombianas y Colombianos por la Paz parece haberlos decepcionado un tanto, en atención a que en su parecer terminó absorbido por las urgencias emanadas del intercambio humanitario.

Quizás no resulte conveniente la generación de ese tipo de distancias. Tal vez lo que en el camino la senadora Piedad Córdoba y otras personalidades han comprendido, es que resulta más fructífero para la paz de Colombia asumir tareas prácticas y concretas por la vida y la libertad de sus compatriotas, que enfrascarse en sesudos intercambios epistolares que generen un mar de especulaciones. Son puntos de vista, no necesariamente contradictorios, y que bien podrían marchar de la mano en una misma dirección. Es cuestión de sumar antes que dividir.

Pero expone usted en su apoyo argumentos que son respetables. El debate abierto y público de opiniones en torno a la inevitabilidad de la guerra y las posibilidades de la paz es urgente. Creemos que él envuelve una discusión amplia sobre las realidades económicas, sociales, políticas, culturales y hasta ambientales del momento contemporáneo mundial, latinoamericano y nacional. Nunca le hemos temido a eso, por el contrario, nuestro alzamiento en armas obedece a que siempre se nos han cerrado las puertas para tomar parte en él.

Usted no lo sabe, tal vez porque el tipo de vida que le implica su vocación por la investigación social y la enseñanza es muy diferente al nuestro. Pero eso que llama dificultades políticas y técnicas o los avatares de la guerra que podrían dificultar un intercambio fluido, significan en realidad que las veinticuatro horas del día hay sobrevuelos sobre nosotros ubicando la mínima señal eléctrica, de radio, teléfono o internet para molernos a bombas. Sin hacerle mención de las enormes operaciones terrestres que buscan exterminarnos.

Es una verdadera hazaña lograr hoy día comunicarnos con el resto del mundo. No solemos hablar de esto pues automáticamente nos exponemos a la furiosa jauría, siempre presta a escarnecernos por pretender aparecer como inocentes víctimas. Tal vez ustedes logren valorar la importancia de que nuestros adversarios otorguen garantías efectivas para nuestro ejercicio político. Valdría la pena que en aras de la paz intentaran también hacer conciencia en ellos al respecto. Pero no creemos que sus misivas en ese sentido cuenten con la difusión de las que nos dirigen.

Muy probablemente los tratarían de algo muy semejante a ingenuos útiles. Precisamente este conflicto es un debate armado en el que una de las partes, representada por el Estado, emplea todo género de recursos con el propósito de impedir la expresión del pensamiento de la otra. En el medio han estado siempre los que inclinados hacia nuestras posiciones terminan siendo víctimas de la persecución, así como quienes en aras de su tranquilidad han asumido que de lo que se trata es de decir cosas que halaguen a los poderosos, recurriendo por pulcritud al ingenio.

Qué bien le haría a la democracia y la paz que su carta contribuyera a abrir una brecha por la que el ciudadano corriente pudiera conocer la argumentación de las FARC y sopesar nuestra visión actual del país y nuestra propuesta hacia el futuro. La generalidad de su exposición parece apostar a la idea de que conseguirlo es un asunto sencillo, ligado fundamentalmente a una cuestión de voluntad personal. Así se desprende incluso de su ilación histórica, de acuerdo con la cual haber surgido fue justo, pero en cambio persistir hoy es infundado.

La democracia colombiana

Usted debe conocer que al interior del universo de los medios de comunicación circulan diccionarios para uso de redactores y presentadores. En ellos se define de modo categórico el listado de los términos que pueden ser usados y el sentido imperativo en el que deben emplearse. Imperialismo y oligarquía son, por ejemplo, palabras en absoluto desuso, que deben ser puestas en su adecuado lugar de ridiculeces cuando algún trasnochado vocero de extremistas las traiga a cuento. Existe un solo léxico admitido, y con el lenguaje unas únicas realidades permitidas.

Según estas, el sistema multipartidista y de elecciones periódicas promovido desde la Casa Blanca, es el máximo ideal democrático alcanzado por la humanidad. En nombre de él pueden invadirse y bombardearse países y pueblos enteros, desestabilizar gobiernos no afectos, o imponer por la fuerza autoridades transitorias o definitivas. Siempre con el sano y loable propósito de dar paso a las economías de mercado, a la millonaria inversión extranjera, a la exacción descarada de recursos naturales, al enriquecimiento apresurado de una élite privilegiada.

Nuestro modo de ver las cosas es distinto. Se parece más al del asesinado Presidente Lincoln. Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sobra decir que el régimen colombiano se ajusta más a las previsiones difundidas por el Washington de Bush y Obama. Se humilla ante ellas. Nosotros creemos que no son coincidentes los intereses de las clases privilegiadas con los de los millones de destinatarios de sus políticas. Creemos que los de abajo tienen su propia visión de las cosas y nos identificamos con ella. Promovemos entonces un régimen político distinto. Que parta de una premisa fundamental, la independencia y la soberanía nacionales. En Colombia debe gobernar un partido o movimiento que se preocupe antes que nada por la suerte de sus habitantes, por elevar el nivel de vida de los más desfavorecidos. Para hacer realidad eso, tal vez sea necesario chocar con los intereses de diversos monopolios económicos de aquí y el exterior. Pero las decisiones políticas fundamentales, y todas las demás, deben apuntar a satisfacer el interés de la mayoría de los colombianos.

Porque la política como tal, en este país y en la mayoría de las economías de mercado, ha perdido por completo su esencia. No se llega al poder para cumplir un determinado programa. Se llega para ejecutar las directrices emanadas de los grandes poderes internacionales. Las economías y los planes de desarrollo nacionales y locales están condenados a cumplir con el libreto del FMI, el Banco Mundial y la OMC, entre otras instituciones. Cada país y provincia tienen ya su destino fijado en una cumbre previa. Ningún gobierno puede salirse del guión establecido.

Si alguno lo pretendiere, será inmediatamente tachado de antidemocrático y quedará expuesto a peligrosas sanciones. Definitivamente eso no puede ser admitido en verdad como democracia. El ejemplo más a mano lo tenemos en Colombia. En la más reciente campaña presidencial los candidatos que quisieron contar con una mínima posibilidad de victoria, estuvieron obligados a declarar en sus propios estilos que continuarían con la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Esa era la única línea que se consideraba como democrática.

Ninguna otra posibilidad contaba con la más mínima esperanza. Si recuerda usted las últimas elecciones regionales y locales, el tan promocionado ex guerrillero que terminó elegido a la alcaldía de Bogotá, tuvo que romper con el movimiento de izquierda del que hacía parte, declarar sin pudor su disposición a vincularse al proyecto de Unidad Nacional del Presidente y hasta identificarse con el cadáver político de Álvaro Gómez. Sólo con tan denigrante muestra de sujeción a los dictados del gran capital podía contar con su aquiescencia y por tanto terminar electo.

Como producto de eso, y no creo que usted se niegue a reconocerlo, el ejercicio de la política en los marcos institucionales de hoy, está vaciado por completo de contenido ideológico. Es que hasta la noción de ideología fue proscrita. Las campañas electorales se reducen a estrategias de marketing en las que cuentan son los capitales invertidos en la orgía publicitaria. Capitales que tendrán que rendir sus beneficios desde las administraciones elegidas. Aspiraciones personalistas ligadas a los más bajos propósitos y encubiertas por floridos discursos que no dicen nada.

Ante tamaña realidad, los de abajo, el pueblo raso del que los usos corrientes prohíben hablar, no cuenta con posibilidad legal de expresar sus intereses. Se lo pretende arrastrar dentro de partidos y grupos nepotistas y corruptos, que sólo le producirán enormes decepciones. Por eso, para hacer valer sus derechos, la gente no tiene no tiene más alternativa que apelar a las calles, a las carreteras, a los paros y asonadas para lograr ser atendida. Es ese estrecho marco, reforzado por la violencia represiva y criminal del Estado, el que explica la resistencia popular a la represión, y la existencia y persistencia del alzamiento armado en Colombia.

Al tiempo que imprime forma objetiva al contenido de una solución política. Esta no puede entenderse sino como un replanteamiento del orden existente. No se trata de que guerrilleros arrepentidos y previamente desacreditados en extremo, entreguen las armas, se sometan al escarnio mediático y jurídico, para luego, con la espada pendiendo de un hilo sobre sus cabezas, ingresar al mercado de la política partidista a fin de hacer coro a las mentiras oficiales. De lo que se trata es de reconstruir las reglas de la democracia para que se debatan ideas y programas en igualdad de oportunidades. Sin el riesgo de ser asesinados al llegar a casa. O desaparecidos y torturados por una misteriosa mano negra que ya se anuncia que existe, como aquellas fuerzas oscuras que exterminaron a la Unión Patriótica bajo la mirada impasible de la clase política colombiana. Es justo que se abra un debate público y libre sobre estos asuntos, que se pueda hablar de estos temas sin ser arrollados de inmediato por los monopolios informativos concertados. Porque hasta de eso se trata en una solución política, de cómo poner freno a la intolerancia del unanimismo mediático.

Un escepticismo fundado en la experiencia

Profesor, créame cuando le digo que admiro su coraje. Es imprescindible en cualquier sociedad la actividad de la gente que adversa con altura. Tal vez no estemos de acuerdo con todo lo que plantea, pero reconocemos su honestidad y nos inspira respeto. Verá, nuestro análisis de la sociedad colombiana no puede restringirse al examen de las individualidades. Usted mejor que nadie sabe que un enfoque científico, implica el reconocimiento de que los intereses de las clases inmersas en el proceso histórico, tienen mayor relevancia que la actuación de los personajes.

Varios de nuestros contradictores, desde espectros distintos, critican lo que llaman nuestra ceguera ante las positivas señales planteadas por Santos desde su llegada misma al gobierno. Que su reconciliación con Chávez y Correa, que su concertación con las cortes, que haber incorporado a Angelino, que sus guiños a la oposición, que su disposición a los derechos humanos, que su ley de víctimas y de restitución de tierras, que su voluntad de paz. Se empeñan en convencernos de que sumarse a Santos refuerza la lucha contra la extrema derecha fascista que representa Uribe, y enrumba el país por la senda de las reformas democráticas. Están confundidos cuando menos.

Santos no se distanció un milímetro de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que patrocinó la confianza inversionista de Uribe. Lo que nos muestran sus locomotoras es la extrema radicalización de las prácticas neoliberales, la aceleración incontrolada de la deuda externa, la más desvergonzada entrega de nuestras riquezas naturales, el arrasamiento ambiental en beneficio de los monopolios, la prelación por la agroindustria exportadora en perjuicio de la economía campesina. Las distancias políticas que separan a Uribe de Santos no son muy distintas a las que separan a Bush de Obama o a Mariano Rajoy de Zapatero.

Todo eso a la par con la profundización de la guerra, los bombardeos y la multiplicación de operaciones militares en las zonas agrarias, las capturas masivas silenciadas por la prensa en distintas regiones del país, el asesinato de dirigentes sindicales y populares, particularmente de reclamantes de tierras, su ley de seguridad contra la protesta ciudadana, sus programas de multiplicación carcelaria, etcétera. Su proyecto de reforma a la justicia resultó chocando de frente con las cortes y en cambio resucitó la justicia penal militar para reforzar aún más la impunidad.

Y ya sabemos cómo, sólo mediante una gigantesca movilización estudiantil, se logró frenar su proyecto de privatización de la educación universitaria. Quizás lo que está influyendo a distintas oenegés para salir en su defensa, son la fronda burocrática y los acuerdos de asesoría y asistencia, es decir los contratos implicados en la reglamentación de la ley de víctimas y restitución de tierras, para los cuales se hace ostentación de multimillonarios presupuestos que, seguramente, inspiran los buenos sentimientos de muchos sectores. Por la plata baila el perro dice el viejo refrán colombiano, del cual nos sentimos sincera y radicalmente distanciados.

Usted insiste en que expresemos una opinión ampliada sobre esta ley. Para ser sincero, las expectativas que nos despierta se parecen mucho a las que nos inspiró la aprobación de la ley de justicia y paz con la que se pretendió embrollar el problema paramilitar y reparar en primera instancia a las víctimas. Astutas maniobras para neutralizar la opinión internacional y cooptar opositores. Sus posteriores desarrollos, ampliamente conocidos, hablan por sí solos de sus falsas bondades. Los mismos personajes que asumieron la Comisión de Reparación vuelven a aparecer encabezando esta nueva aventura, lo cual resulta de por sí bastante diciente.

Sectores serios de la izquierda, en diversas publicaciones, han señalado ya repetidamente sus reparos, a los cuales sin dudar nos sumamos. Sería muy largo explayarnos aquí. Pero no sobra advertir que son los intereses de las multinacionales y grandes capitales locales, los que exigen una normalización o legalización de las tierras en las que adelantan o piensan adelantar sus proyectos de inversión agroindustrial. La urgencia de reglas claras apunta a preferir el derecho de terceros ocupantes de buena fe, con los que los modestos despojados tendrán que pactar sus cuotas de participación, perdiendo para siempre la posesión de su tierra y su proyecto de vida.

El derecho de las víctimas a retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro, se consagra sujeto extrañamente a los marcos de la política de seguridad nacional, lo cual debía resultarles preocupante. Llama la atención que la exclusión del derecho a las víctimas del despojo anteriores a 1991, deja por fuera de plano a los campesinos desterrados en el Magdalena Medio durante la embestida paramilitar de los ochenta. Curiosamente esa región comprende las mejores tierras del país para el cultivo de la palma. Y una mención de Perogrullo, una cosa son los términos judiciales previstos en la ley y otra los reales que consumen los largos contenciosos ante los jueces. Con relación a los sectores extremistas del latifundio, el paramilitarismo y mismo empresariado que se oponen a la aplicación de tal ley, cabe tener presente que si no representan una mayoría significativa en el entorno de los intereses involucrados en la normalización del derecho de propiedad, terminarán aislados. No podrán impedir la realización de los urgentes requerimientos del gran capital. Será éste el encargado de delimitar con el tiempo el verdadero alcance de la norma, y no serán los derechos de los desplazados los que terminarán imponiéndose. A menos que ocurra un cambio radical en este país, el cual no va a provenir, estamos seguros, del que algunos juzgan buen corazón de Santos.

Si por desgracia, fueran esos sectores radicales los que cuentan con el mayor peso, nuestro país va a verse abocado a una nueva y terrible ola criminal de masacres, asesinatos y destierros, los cuales solo vendrían a demostrar que Santos no fue más que la vana ilusión de algunos, en el sentido de representar sectores sociales distintos a las mafias y el lumpen que defendió su antecesor. Resulta así sospechosa la proclamada intención gubernamental de profundizar la guerra total contra nosotros antes que contra aquellos. Mal puede salirse a proclamar la necesidad de respaldar al actual gobierno. Antes bien, creemos que adquiere una urgencia acuciante denunciar sus demagógicas promesas y sobre todo su actuación completamente contraria a ellas.

Un poco de historia

La extensión de los temas implicados en su carta riñe con las circunstancias y el tiempo que nos permite la confrontación. El rigor académico exigiría en realidad que los argumentos en los que cifra usted ciertas afirmaciones acerca del pasado histórico, fueran expuestos con mayor lógica y amplitud, para poder sopesarlos en su justo valor. De alguna manera la naturaleza de su escrito lo impide, lo cual puede terminar por conducirnos a un vano enfrentamiento de supuestos inadecuadamente fundamentados. Sin embargo, me permito señalar algunos hechos que creo podrían enriquecer aun más sus apreciaciones.

Sin desmedro de la importancia que merece el estudio del paro cívico nacional de 1977, creo que el referente básico para la comprensión de los desarrollos posteriores de la historia colombiana no deja de ser el 9 de abril de 1948. De allí surgió la certeza de que cualquier alternativa política democrática, progresista, antiimperialista y popular estaba sentenciada a muerte por los sectores económicos y políticos dominantes en nuestro país. La convicción de que un levantamiento general de las multitudes inconformes estaba condenado al fracaso si no contaba con una dirección seria, madura, experimentada y consecuente. La legitimación del derecho del pueblo a alzarse en armas cuando la violencia oficial y privada se ensañara contra él.

También la inolvidable lección de que por más contradicciones que puedan existir al interior de las clases dominantes del país, estas terminan por unirse en un frente único y brutal cuando quiera que juzgan que el populacho se creció envalentonado a reclamar sus derechos. La pusilánime y ofídica actitud de la dirección liberal reunida con Ospina Pérez en palacio, ocupará siempre la memoria popular cuando se trate de graficar la traición contra toda una nación enardecida. Pero por sobre todo un aspecto de la historia nacional que usted apenas referencia para de alguna manera ponerlo en contra nuestra, la perversa intervención de los Estados Unidos.

Casi a la manera de un faro gigantesco que con su haz de luz rompe las tinieblas para conducir a buen puerto una embarcación en medio de la noche oscura, la correcta interpretación del papel desempeñado por la IX Conferencia Panamericana en el asesinato de Gaitán, y el señalamiento posterior contra el Partido Comunista como autor de ese hecho, ponen de manifiesto el trágico destino de nuestro país bajo la égida de la Doctrina de Seguridad Nacional adoptada tras la segunda guerra mundial por el Estado norteamericano. La teoría del enemigo interno que se encargarían de inculcar a todas las fuerzas armadas del continente dejaría una huella infame. Son demasiadas cosas juntas como para menospreciar la trascendencia del acontecimiento. Es claro que con él se prefigura la suerte actual de Colombia. Hasta en algunos detalles sorprendentes, como que el primer designado a la Presidencia llevaba el apellido Santos. La misma sangre azul de los que pasan y vuelven a dirigir el país. Había también un Lleras, del mismo pedigrí del ministro del interior actual. Y así, de prisa, valdría la pena recordar que el afán del fanático falangista Laureano por una salida militar a la crisis, terminó por servir a Ospina para convencer a al liberalismo de la conveniencia de una arreglo amigable.

Un nuevo episodio de la rivalidad entre esas dos familias conservadoras tuvo lugar durante el paro del 14 de septiembre. El llamado ospino-pastranismo, resentido contra la tenaza Álvaro-Lopista que lo excluía de la burocracia, optó por sumarse a la convocatoria de paro, aupando a la UTC a salir a la calle a sumarse a los 3 millones de arrepentidos que habían votado en el 74 por Alfonso López. Era su pequeño desquite por el 9 de abril. Cuando la protesta social se desbordó incontenible, los godos echaron atrás, interesados apenas como estaban en puestos y contratos. Son antecedentes que se olvidan a la hora de estimar la sinceridad de la voluntad de paz de Andrés Pastrana, hijo de Misael, cuando decidió jugarse un diálogo en el Caguán.

Eso de la intervención norteamericana se convirtió en una atrocidad mundial en los años sesenta del siglo pasado. El pavor al imaginario despliegue soviético y a otra Cuba, en medio del renacer independentista de África y Asia, sofisticó la Doctrina de Seguridad Nacional a la modalidad de la contrainsurgencia aprobada por John F. Kennedy. De ella provendrían el escalamiento de la agresión a Vietnam, la matanza de medio millón de indonesios en nombre del anticomunismo, el golpe militar contra Juan Bosh y la intervención militar en República Dominicana, el golpe en Brasil contra el gobierno de Joao Goulart. Y el Plan LASO que involucraría a la región agraria de Marquetalia primero, y luego a Riochiquito y otras zonas del país.

Mal puede entonces compararse la naturaleza de los conflictos agrarios en el Sumapaz o el Tequendama, en defensa de la vida y de la propiedad de la tierra contra la voracidad latifundista, con la campaña terrorista anticomunista desplegada por el imperialismo en todo el orbe y aprovechada por la oligarquía liberal conservadora para eliminar la oposición a su Frente Nacional. Los intereses en juego eran completamente distintos. Cuando los campesinos marquetalianos se dirigieron al país y al mundo entero, pidiendo solidaridad para evitar ser agredidos como se tramaba, ofrecieron en cambio un diálogo que fue rechazado de plano y se trocó por bombas y metralla. De allí brotaría el histórico Programa Agrario que definió el carácter de su lucha.

Se trataba de una lucha de índole política, por el poder para el pueblo. Ni en ese Programa Agrario, ni en ningún documento posterior de las FARC hasta la fecha de hoy, se ha planteado jamás que como organización político militar nuestra meta sea la toma del poder tras derrotar en una guerra de posiciones al Ejército colombiano, como se repite una y otra vez por todos aquellos que insisten en señalarnos la imposibilidad de ese objetivo. Desde nuestro nacimiento las FARC hemos concebido el acceso al poder como una cuestión de multitudes en agitación y movimiento. Así como con la táctica de la combinación de las formas de lucha definimos que no desdeñamos ninguna de las vías que las clases dominantes nos permitan u obliguen a emplear.

Desde luego que esa es otra discusión que desborda el tema de que nos ocupamos. Déjeme decirle en cambio, Profesor, que cuando se estudian fenómenos complejos, hay que tener los dos ojos abiertos, para no incurrir en el error de mirar un solo aspecto. Si la desmovilización de las guerrillas liberales y comunistas que se sucedió en el país en el año 1953 no condujo a la paz definitiva, a quienes menos puede imputárseles la responsabilidad es a los comunistas. Los movimientos de autodefensa del sur del Tolima se trasladaron al oriente de ese departamento, a Villarrica y sus alrededores, ilusionados con las promesas oficiales y dispuestos a convertirse en pacífico movimiento agrario.

De allá los sacarían a la brava los planes militares de la dictadura de Rojas Pinilla, en uno de los dramas humanos más terribles y conmovedores de la historia colombiana. La guerra de Villarrica aparece en crónicas de la época, como crudo testimonio del trato que confieren los dueños del poder en Colombia a quienes confían ingenuamente en sus palabras. De esa auténtica diáspora terminarían surgiendo las colonias agrarias del Ariari, Guayabero, Duda, perseguidas igualmente con saña en años posteriores. El pequeño foco campesino dirigido por Jacobo Prías Alape y Manuel Marulanda Vélez, que optó por penetrar a las profundidades de la montaña y fundar la región de Marquetalia, sería atacado una década después, tachado de república independiente.

Usted reconoce no ser un experto en las FARC. Al parecer hay especialidades académicas sobre nosotros. Que sepamos, ninguno ha llegado acá nunca a entrevistarnos. Es lo menos que podría esperarse de quienes escriben libros o dictan conferencias sobre nuestra lucha. Cosas de la ciencia social posmodernista. La desconfianza al discurso del poder no es cuestión gratuita. Ya le hablaba de Villarrica. Está también lo sucedido con Guadalupe Salcedo y otros jefes guerrilleros desmovilizados. Carlos Pizarro. ¿Usted de veras cree que tiene alguna presentación decir que el genocidio contra la Unión Patriótica hubiera sido evitado por la reacción ética de fuerzas considerables de opinión surgidas como reacción del abandono de las armas por nosotros?

El exterminio de la Unión Patriótica se halla enmarcado dentro de la estrategia del denominado conflicto de baja intensidad, una versión más avanzada de la Doctrina de Seguridad Nacional. La UP era uno de esos partidos antidemocráticos que según el documento de Santafé debía ser neutralizado por promocionar el estatismo. Si usted hace memoria, tal vez recuerde que no sólo se persiguió de manera implacable a la Unión Patriótica, sino que con ella perecieron también los más destacados defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, campesinos y populares más comprometidos en el conflicto con las recién aparecidas políticas neoliberales. Más tarde no sólo se asesinó a los líderes sino que fue emprendida una diabólica operación de exterminio generalizado, desplazamientos y terror.

Usted dice bien, todo ello producto de una impúdica alianza entre sectores de las Fuerzas Armadas, mafias del narcotráfico, gamonales políticos y paramilitares. Pero soslaya que aquello se constituyó en una verdadera política de Estado, auspiciada y consentida desde el Pentágono. Excluya los muertos de la Unión Patriótica, caídos, según usted, por obra de nuestra utópica y catastrófica decisión de sentarnos en dos sillas. ¿Cuántos suman? ¿5.000? Resultan en realidad un porcentaje mínimo en el espantoso holocausto en que las clases dominantes sometieron a nuestro país en las últimas tres décadas. ¿Fueron dique de contención de semejante avalancha de sangre las fuerzas políticas y corporativas que hubieran actuado por obra de nuestra desmovilización?

Profesor, lo que ha sufrido nuestro país durante décadas es la siniestra práctica fascista de seguridad nacional con traje de democracia. Esa no cambia porque el Presidente haya sido Valencia, Belisario (¿Recuerda el Palacio de Justicia?), Gaviria, Samper, Uribe o Santos. Mientras los colombianos en conjunto no tomemos la decisión real de apelar a todas nuestras reservas políticas, sociales, culturales y éticas a fin de desterrar de los cánones constitucionales y legales esa perversa concepción de Estado, que encarnan en primer término las fuerzas militares y de policía, el fin del conflicto y la paz permanecerán muy distantes. En ese contexto, la voluntad de paz adquiere visos complejos, que superan de lejos la decisión unilateral de entregar armas.

Unas precisiones necesarias

Al igual que sucede con el desconocimiento de la situación que soportan en las cárceles del país una considerable proporción de colombianos encerrados por cuenta de su pertenencia a las FARC, al lado de los cuales una porción notablemente mayor de compatriotas paga entre rejas su vocación por la lucha social y política, da la impresión de que para mucha gente en nuestro país los guerrilleros heridos o muertos en combate no existieran, o al menos se tratara de unos seres humanos inferiores cuya deleznable vida puede ser truncada sin que le importe a ninguno.

Pero no es así en verdad, Profesor. Dentro de las miles y miles de víctimas del fascismo en nuestro país, hay que incluir también a las valerosas mujeres y hombres que entregaron su vida o su integridad física combatiéndolo. Y un razonamiento elemental conduce a hacerlo. Se trata de colombianas y colombianos que comprendieron la necesidad de luchar por un país mejor, y asumieron esa tarea conscientes de los enormes riesgos que les deparaba. El alzamiento armado está reconocido como la forma más elevada de la lucha política, es decir que hace parte del aluvión de formas de actividad que persiguen el objetivo del poder para el pueblo. No es ajeno a este, y es más, no podría existir si no contara con una enorme base popular de apoyo.

Puede parecer ingenioso y hasta despertar aplausos, pero no resulta convincente trazar una frontera que separe a la guerrilla de la lucha popular, ni reclamarle de manera independiente cuáles puede contar como suyos entre los éxitos conseguidos a favor de las masas oprimidas. Las luchas de todos los de abajo conforman un frente y sus conquistas o reflujos benefician o aplazan el acercamiento al objetivo general de redención social. Desde luego que examinar las cosas así se corresponde a la óptica de clase de los explotados. Otras visiones, animadas muchas veces por la idea de una neutralidad inexistente, en realidad hacen parte y sirven a los intereses de los de arriba, a la burlona sonrisa de los sectores dominantes.

La lucha popular en su conjunto ha conseguido muchas cosas y la sola pregunta, cuando menos, destila cierto veneno, bien sea de naturaleza nihilista o francamente burgués. De la lucha armada de veinte años que precedió los Acuerdos de La Uribe, se derivarían para el país efectos verdaderamente modernizantes que implicaron importantes avances. Desde luego que unidos a los clamores y reclamos de muchos otros sectores, ya lo decía atrás. No se trata de metas acabadas, sino especies de postas para el posterior relevo que lleve las cosas más adelante.

¿A quién en Colombia le parece tolerable hoy que el Presidente de la República designe uno a uno los gobernadores y estos luego uno a uno a los alcaldes? ¿Acaso no fueron los tiros y las resonantes denuncias de las guerrillas colombianas las que pusieron en el centro del debate nacional el tema de los derechos humanos? Después se tejería toda una leyenda en torno a la idea de la séptima papeleta que supuestamente sirvió de origen a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿No fue un clamor mil veces repetido al país por Jacobo Arenas, la necesidad de realizar una Constituyente que relevara la vieja constitución del 86?

Debe sonarles a bofetada en el rostro a los militares colombianos, y más ahora que se aprestan a que el Congreso santista les reviva su fuero militar, el que las FARC afirmemos que a punta de denuncias y tiros también, desempeñamos un rol determinante en la concepción restrictiva que terminó imponiéndose en nuestro país sobre esa jurisdicción especial patrocinadora de escandalosa impunidad. Plinio Apuleyo Mendoza o José Obdulio Gaviria viven amargados, restregándoles a los demás colombianos cómo permiten que la guerrilla se cuele en todas partes. No es la guerrilla, señores trogloditas, son los avances democráticos de la lucha popular.

¿Y el estado de sitio? ¿Y el arrinconamiento del paramilitarismo fascista? ¿Será cierto de verdad que las armas en manos del pueblo no jugaron un papel considerable en ello? La lista que podría ir completándose es muy larga, Profesor. Incluso podría convertirse en un importante tema de estudio en foros universitarios. Nuevamente el tiempo y el espacio me impiden extenderme más. Además de que al hacerlo, de buena fe y sin intención de perjudicar a nadie, podría acrecentar el disgusto de personajes y sectores supremamente peligrosos para la salud de los heroicos compatriotas que, en distintos momentos y lugares, han levantado tan dignas banderas.

Hasta cierta etapa de la lucha armada, anterior a la generalización de la táctica estatal de combatirnos con la fórmula de secarle el agua al pez, nuestra presencia y combatividad en muchas regiones del país, dio origen a que en las alturas del Estado se enteraran de la existencia de esas gentes y la suma de adversidades que pasaban. El afán de aislarlas de nosotros, condujo por una especie de carambola, a que así se tratara de trochas llegaran a muchos pueblos y veredas, vías por las cuales circulara un carro de línea, escuelas donde los niños pudieran educarse, puestos de salud en donde al menos una promotora les suministrara una elemental asistencia.

Hasta la consolidación actual que pregonan practicar en catorce zonas del país las fuerzas militares, ha implicado la atención de algunas de las necesidades angustiosas de la gente. Mal haríamos nosotros en sobreestimar este aspecto sobre los desplazamientos, los encarcelamientos masivos, las persecuciones, los crímenes y el terror generalizado que impone la ocupación militar de extensas áreas, así como el repoblamiento de las mismas con gentes de su fiar. La asistencia social de programas como Familias en Acción, que hace parte de todo lo anterior, no deja de tener el sabor amargo de que jamás habría surgido si la guerrilla no hubiera puesto antes un pie allí. Esto suena indignante, pero no deja de ser útil para dimensionar la mezquindad de los planes oficiales.

En su reciente viaje a Londres, Santos se convirtió en presa de caza de los medios por haberse atrevido a hablar de despenalizar las drogas. En el Pleno de Estado Mayor Central del año 2000, en pleno proceso del Caguán, de manera oficial, las FARC planteamos al pueblo norteamericano, a su Congreso y al gobierno de los Estados Unidos la legalización de las drogas. Y los campesinos de este país llevan décadas hablando del asunto en distintos espacios. Si tal eventualidad llegara a producirse un día, la historiografía oficial se encargaría de ensalzar al actual Presidente como el artífice de tan trascendental medida. No sería la primera vez en la que las clases dominantes colombianas se apropian de viejos anhelos populares para presentarlos como suyos y negar de paso la actuación de los desposeídos en la historia.

La voluntad sincera de paz

Hablando del Caguán, lo invito Profesor a realizar un desprevenido estudio histórico de los Acuerdos que posibilitaron la zona de despeje y los diálogos cumplidos allí. A la luz de las reglas pactadas con Pastrana, haciendo caso omiso de las malintencionadas campañas de prensa, no puede encontrarse un solo hecho de parte nuestra que signifique una violación a las mismas. Fue el Estado quien hizo valer su tesis de dialogar en medio del conflicto, lo cual quería decir que por fuera de la zona de despeje la guerra continuaría con toda su crudeza. La propia Defensoría del Pueblo se encargó de declarar que las supuestas pistas que mostró Pastrana en fotografía para justificar el fin de la zona, eran en realidad antiguas carreteras.

Pero la embestida mediática adquirió tal dimensión en contra nuestra, que Osama Bin Laden o Hussein resultaban ángeles comparados con nosotros. Lo que jamás ningún analista objetivo se ha detenido a examinar, es la actitud del gobierno, que en la Mesa hablaba un lenguaje y por fuera de ella el contrario. Uno de los Acuerdos fundamentales a que llegamos se llamó la Agenda Común por el Cambio para una Nueva Colombia, la relación precisa de los temas que ocuparían la discusión en la Mesa de Diálogos: El contenido de los acuerdos de paz, la doctrina militar, las reformas democráticas al sistema político, el modelo de desarrollo económico, el régimen tributario, el empleo y la atención social, la tierra, la política de explotación de los recursos naturales, las relaciones internacionales y el tratamiento social al problema del narcotráfico.

En tres años de conversaciones, el gobierno se dio maña para que ni siquiera uno de esos puntos fuera abordado en los diálogos. En medio centenar de audiencias públicas a las que concurrieron más de 30.000 colombianos con sus propuestas sobre los temas específicos de las convocatorias, y en un sin número de formales Mesas Redondas con sectores de la producción y la academia, fueron debatidos temas de trascendencia para la vida y el futuro del país. Se suponía que la Mesa de Diálogos se encargaría del examen de lo concluido en todos esos eventos. En eso consistía el proceso, de conformidad con las reglas pactadas. Ni una sola vez, absolutamente ni una, el gobierno posibilitó dar paso en el orden del día de las reuniones a ese asunto.

Contrariamente a lo que se comprometía en la Mesa, públicamente declaraba todo el tiempo que temas como el Plan Colombia, los acuerdos de ajuste con el FMI, el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas constitucionales tipo régimen de transferencias, o legales como el nuevo código minero no hacían parte de ningún tipo de debate con la guerrilla. O sea que borraba con el codo los compromisos firmados con Manuel Marulanda Vélez, difundidos ampliamente por la prensa nacional. Y sin embargo, nadie hablaba de ello. Era como si no estuviera pasando. Lo que se revelaba todos los días al país era que las FARC no tenían la menor voluntad de paz, que en cada respiración estaban violando los acuerdos.

De ese modo quedaba patente la verdadera intención oficial, lo único que nos reservaba era el derecho a la rendición sin condiciones. El gobierno era consciente de que si no lo lograba, al menos ganaba el tiempo que necesitaba para readecuar a las fuerzas armadas para la guerra de exterminio. Ningún estudioso del tema puede dejar pasar por alto el inmenso significado de lo expresado por el Comisionado de Paz de entonces, Víctor G. Ricardo, al periodista Hollman Morris, en su documental sobre el encuentro EL DIÁLOGO ES LA RUTA celebrado en Barranca en agosto pasado: si las FARC en ese momento hubiesen sabido que el Estado no contaba con qué comprar un cartucho, no se hubiera sentado a dialogar en el Caguán.

Era el Establecimiento quien se burlaba abiertamente no sólo de nosotros sino de la comunidad nacional e internacional que acompañaba el proceso. La gran prensa desempeñaba con lujo de detalles su nefasto papel en esa conspiración contra Colombia. De lo que se trataba en realidad era de aniquilar de una vez y para siempre la oposición a la radicalización de las políticas neoliberales impuestas por la banca trasnacional y aceptadas de buen grado por la oligarquía gobernante. Basta con observar quiénes integraban el equipo de gobierno de Pastrana y quiénes lo integran hoy. Es el mismo grupo de tecnócratas formados y devotos por la Escuela de Chicago, cuyas realizaciones hacen hoy aguas en todo el mundo.

Es por eso que no se encuentran diferencias de fondo entre lo que se nos exigía por debajo de la mesa una década atrás y lo que se nos conmina a hacer hoy día con la famosa llave oculta de Santos. Hace diez años, además, se hallaba en esplendor el dominio abierto de los llamados halcones en el gobierno norteamericano. La reconocida alianza entre el poderío militar de ese país y las grandes corporaciones industriales y financieras, que suele agruparse en la denominación complejo militar industrial del Pentágono, abría sus fauces guerreristas ansiosas de más negocios por cuenta de la guerra en cuanto rincón de la tierra le fuera posible.

Vale la pena indagar cómo se contabilizan aquí los centenares, los miles de millones de dólares de la ayuda norteamericana a la guerra. ¿Harán parte del superávit en la balanza de pagos? ¿Influirán en la cifra de crecimiento de la inversión extranjera? ¿Se reflejan en el avance del PIB? Lo que estudiosos muy serios sostienen es que tan grande avalancha de recursos provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos de los Estados Unidos, constituye en realidad un escandaloso chorro de subsidios a las grandes empresas ligadas al sector bélico. Los dineros nunca entran a Colombia, sino que con ellos se pagan todas las armas e implementos que fabrican esos pulpos empresariales y que se trasladan aquí con el benévolo nombre de ayuda.

Ellos más que ninguno, animados por su satánica idea de guerra contra el terrorismo, presionaban la escalada del conflicto colombiano. La guerra total contra las guerrillas, en la concepción de seguridad nacional, serviría a la vez para golpear indistintamente al movimiento social y popular que se enfrentaba decidido a las medidas neoliberales de privatización, flexibilización laboral y libre comercio. Todas ellas, como tenemos cada día más claro, nos condenan cada vez más al saqueo descarado de nuestros recursos naturales, a la eterna soga al cuello del crecimiento de la deuda, y sobre todo al recorte acelerado de los servicios públicos y derechos conquistados por los trabajadores en tiempos pasados, sin posibilidad de marchar hacia adelante.

¿No es que ya anuncian un nuevo régimen de jubilaciones que alarga aún más la edad para tener derecho a una pensión? Como ve, Profesor, eso que usted y muchos colombianos percibieron como el síndrome del Caguán, y que los llevó en un arrebato emocional a inclinarse hacia la extrema derecha que representaba Uribe, no pasa de ser una fábula, si se la examina de modo objetivo, ligándola a los demás aspectos de la realidad. Señalarnos más encima con el dedo índice a nosotros como directos responsables de ella, sobre todo desde la respetable posición de intelectualidad pensante, resulta un despropósito tan bien elaborado, que haría merecedor del galardón de oro a los publicistas y propagandistas de la globalización neoliberal.

Voy a decirle algo que a mucha gente le podrá parecer inadmisible. Si el ganador de las elecciones del año 2002 en Colombia hubiera sido Horacio Serpa, hubiera sido él el encargado de desarrollar con leves diferencias de matiz el Plan Colombia, el Patriota y la consolidación. Hubiera sido él quien firmara el TLC con los Estados Unidos y quien recorriera el mundo afanado por más acuerdos de libre comercio, del mismo modo como le señalaba con relación a quienes miran en Santos un campeón de la democracia. Nuestros Estados se hallan condenados a desempeñar un rol subordinado en el entorno de los intereses del gran capital trasnacional. Es por eso que retoma toda su urgencia la recuperación de la soberanía e independencia nacionales, así como la necesidad de la integración latinoamericana que nos permita enfrentar con éxito al monstruo.

Una ligera mirada al entorno

No creo que merezca debate su apreciación de lo que sucede en el entorno latinoamericano. Es justa y acertada. Apenas podría agregarle una mención. Es la que se refiere a los dos modelos de izquierda que se implementan en nuestro continente. Uno, el del Brasil, decididamente inclinado a la asistencia social, mientras en todo lo demás se ciñe a la cartilla dictada por los poderes internacionales del capital, y el otro, el de Cuba y Venezuela, que apuntan a construir un modelo socialista acorde con sus realidades nacionales, pero completamente autónomo en materia de políticas económicas. Usted sabe que Lula obtuvo incluso el título de personaje mundial del año en el 2010, mientras los Castro y Chávez reciben el trato de demonios en los círculos dominantes.

Fidel y Chávez son considerados los peores dictadores internacionales por las agencias de prensa norteamericanas y europeas. En Colombia, en el entorno de las clases dominantes y los grandes medios de comunicación, el proceso revolucionario venezolano es visto con la misma saña y repudio con que lo mira la catorce veces continuas derrotada oposición de ese país. La imperiosa necesidad económica impuso el acuerdo de Santos con Chávez, por el que el primero se comprometió a respetar lo que hacía el segundo en su país. Pero todos los colombianos sabemos lo que en realidad piensan Santos y su corte. Todos, al unísono, se unieron al coro de felicidad por el golpe del 11 de abril de 2002. La actitud sigue siendo la misma. No nos engañemos.

Aquí tenemos un ejemplo contundente de lo que significan las políticas neoliberales que no admiten Cuba y Venezuela. Se encuentra en la Guajira y se llama el Cerrejón. Hace casi tres décadas que se anunciaba la milagrosa redención que operaría la mina más grande de carbón a cielo abierto del mundo. La realidad dice más que las palabras. Los miles y miles de millones de dólares se fueron para otra parte. ¿Y los Wayú? ¿Y el acueducto de Riohacha? ¿Y la miseria galopante en la región? Hasta tuvimos en un comienzo una empresa minera carbonífera asociada con la transnacional. Se la tragaron también. El cuento de las locomotoras de Santos es más de lo mismo. Sería bueno indagarle sobre su inclinación por la guerra total en lugar de la paz.

El eterno sambenito

No lo culpo a usted. Nos han hecho mucho daño con eso. Resulta más cómodo estigmatizarnos así y echar bombas encima de nosotros, que dejar que hablemos y expongamos en igualdad de condiciones nuestro pensamiento y nuestra propuesta de país. Es su ventaja competitiva, al decir de ellos. El apoyo de los medios imperiales y locales para construir cuanto quieran. La cooptación de la inteligencia. La cárcel y la tumba para quienes sostengan lo contrario. Me ratifico sin vacilaciones en lo expresado por el Camarada Alfonso Cano en relación a nosotros y el narcotráfico. Sin ínfulas de prestidigitador. Voy a añadirle tan solo una cosa, dada su cortesía al escribirnos. Me imagino los adjetivos que me acarreará esto.

Si hay un oficio ingrato y malquerido es ser agente del fisco. Crear un impuesto que grave a los compradores de pasta de coca significa cobrarlo. Sucede que quien envía sus emisarios a buscar la mercancía, palabra de uso en su jerga, es la mafia crecida a la sombra del Establecimiento. Se trata de personas que han adoptado una decisión en la vida, hacer la mayor cantidad de dinero, en el menor tiempo posible, al precio que sea. Para pasarla tan bien como los capitalistas esos que ven en el cine y la televisión. A quienes también les salvan capitales en tiempos de crisis económica. Tratar con gente así no es fácil. Sus emisarios siempre tendrán el oculto propósito de burlarnos. Con esa intención inventan todo tipo de artimañas. No quedaba otro remedio que salirles al paso con algunas medidas, como fijar sitios exclusivos de venta, entre otras.

Sobre gestiones de ese tipo es que nuestros enemigos han edificado la leyenda. En realidad nosotros cobrábamos un derecho a las mafias por entrar a comerciar en las áreas de nuestra influencia. Ese tipo de relación, que no es precisamente de buenos amigos, nos convierte en demonios. A otros, relacionados con propósitos mucho más reprochables, les va mejor en su carrera económica, política o militar. El gobierno de los Estados Unidos sí que sabe hacerlo, como se vio en el famoso escándalo Irán-Contras. El problema con nosotros tiene motivaciones muy distintas. La siembra y la recolección de la hoja de coca obedecen a situaciones suficientemente explicadas en este país. Lo demás es carreta, como dijo Alfonso.

Antes de despedirme de usted, quisiera expresarle mis agradecimientos. Aunque con muchas interrupciones, el esfuerzo por responder de algún modo sus agudas inquietudes, que honradamente espero no vaya a terminar de algún modo en una afrenta, me ha resultado inmensamente placentero. En medio de nuestras diferencias, que no creo sean tantas como pudiera pensarse a primera vista, me veo obligado a reconocer en usted a un hombre francamente preocupado por la realidad y el futuro de nuestro país, a un colombiano hastiado de la violencia que hace enormes esfuerzos por contribuir a que se abran las puertas del diálogo y la salida civilizada al conflicto. Ese solo hecho lo hace acreedor a nuestro fraterno abrazo,

Cordialmente,

Timoleón Jiménez

Comandante Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, diciembre de 2011.

Un debate necesario .- Diálogo epistolar

tomado de http://prensarural.org/spip/spip.php?article7176

Verdades para siempre

Dic 2011 - 1:00 am


Verdades para siempre
Por: William Ospina
Irak no poseía armas de destrucción masiva. Sadam Husein no era un aliado de Al Qaeda. La invasión de Irak no mejoró la seguridad de los Estados Unidos, más bien les consiguió millones de nuevos enemigos, que quizá no han cobrado su venganza porque la paciencia es una virtud oriental.

La guerra de Irak, que el oscuro y estúpido George Bush declaró ganada hace siete años, fue singularmente malvada e inútil, que ha infamado durante años la condición humana. La venganza no es una virtud cristiana: pero además cuatro mil muertos cristianos no pueden equivaler a más de cien mil muertos islámicos.
La democracia de Irak debería ser tarea de los iraquíes, pero si los Estados Unidos estuvieran empeñados en llevar la democracia a todos los rincones del mundo, no serían tan buenos aliados de la monarquía saudita. Cubrir la cabeza de la estatua de Sadam Husein con una bandera norteamericana no fue una manera de devolver la dignidad al pueblo iraquí. Las torturas y las infamias de la cárcel de Abu Grahib y de todas las cárceles de esta guerra, incluida la de Guantánamo, han degradado la imagen de los Estados Unidos ante el mundo.
Obama cumplió con su promesa de retirar de Irak las tropas norteamericanas, aunque, sabiendo de qué discursos debe defenderse, ha tenido que hacerlo proclamando una victoria inexistente, declarando que la misión fue necesaria, fingiendo creer que un oscuro ejército de ocupación que profana un territorio y un pueblo, y se envilece a sí mismo, es una armada invencible y una tropa de héroes.
Esta guerra durará en nuestra memoria como uno de los episodios más salvajes de la humanidad contemporánea, y los muertos de Irak merecen el dolor de los corazones nobles del mundo.
Hace ocho años, cuando comenzó la infamia, escribí que para llegar verdaderamente al corazón de Bagdad los norteamericanos tenían que cruzar cinco puertas: un desierto, una ciudad, una historia, una cultura y la voluntad de Dios. Después entendí que la puerta más difícil de encontrar sería la sexta: la puerta de salida.
Ahora pareciera que la han encontrado: que Estados Unidos se retira del escenario y se puede dedicar a la tranquilidad y al olvido. No sé qué estará pensando Dios al respecto, pero los grandes poderes de los Estados Unidos ya comenzaron a pagar su soberbia. Sabemos que la guerra de Irak costó más que la Segunda Guerra Mundial y es una de las principales causas de la crisis que hoy sacude a las primeras economías del mundo.
En español suele decirse que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Posiblemente los sabios de Oriente tengan razón cuando afirman que a menudo en la culpa ya está el castigo, que lo malo que hacemos no tiene que esperar un castigo ulterior, porque en su propia nuez trae ya la corrupción, la degradación y la semilla de la ruina.
No hay que desearles el mal a los que han hecho el mal, pero es importante recordarles que lo han hecho. El pueblo norteamericano consintió esta guerra en parte por miedo, porque los atentados del 11 de septiembre habían creado una histeria de fragilidad, pero sobre todo por venganza. Había que ver en los meses siguientes al atentado, en las ciudades del norte, con cuánta frecuencia la gente decía que había que hacerles pagar a los culpables el modo como habían herido el orgullo de los Estados Unidos. Y es que las Torres Gemelas, más que la gente que las ocupaba, eran el orgullo de ese país, el extraño símbolo de su hegemonía sobre el mundo. Basta el nombre de World Trade Center para entender lo que de simbólico había allí.
No existen ya las Torres Gemelas, no existe el Irak que existía entonces, no existe Sadam Husein, no existe Osama Bin Laden. Pero también hay que decir que ya no existen los Estados Unidos de hace diez años y ni siquiera la expiación de haber elegido un presidente negro de nombre árabe ha bastado para borrar la locura de esta primera década del nuevo milenio.
Tampoco existe Gadaffi y al parecer ni siquiera Libia existe ya. Eso sobre todo nos sirve para comprender que el mundo no aprende las lecciones de la historia. En nuestras propias narices, con la ayuda de todos los sofisticados medios de comunicación de la época, en Libia se libró hace poco, con los abundantes pretextos que suelen invocarse en estos casos, una nueva guerra de rapiña. Bajo las máscaras de la libertad, de la justicia, de la protección de los pueblos, se adelantó una astuta campaña de destrucción completa de un país y de apropiación de sus recursos. Han comenzado el nuevo siglo y el nuevo milenio.
A menudo sentimos que el mundo está al revés. Si alguien nos dijera que todo ocurrió al contrario, que el ataque con dos aviones comerciales llenos de pasajeros contra las Torres Gemelas de Nueva York fue una enloquecida retaliación de los iraquíes por una sangrienta invasión de ocho años de Estados Unidos en Irak, por una guerra injusta que produjo entre cien y ciento cincuenta mil muertos y la ruina del país y la devastación de su sociedad y el saqueo de su memoria histórica, nos resultaría más fácil creerlo. Hasta nos parecería que la venganza fue menos grave que la ofensa.

Israel libera 550 presos palestinos para rubricar el canje por Shalit

Conflicto

Por: EFE
La gran mayoría de los presos volverá a sus casas en Cisjordania, aunque también hay algunas decenas de la franja de Gaza y Jerusalén Este.

Israel liberará el domingo 550 presos palestinos, todos menos dos sin implicación directa en delitos de sangre, en la segunda fase del canje por el soldado israelí Guilad Shalit, iniciado hace dos meses.
Esta segunda lista de reclusos, publicada el miércoles pasado, ha sido confeccionada por Israel, como marcaban los términos del intercambio, por lo que ninguno de los liberados pertenece a los movimientos islamistas Hamás o Yihad Islámico.
La gran mayoría de los presos volverá a sus casas en Cisjordania, aunque también hay algunas decenas de la franja de Gaza y Jerusalén Este.
La mayoría están condenados a entre dos y ocho años de prisión y pertenecen al movimiento nacionalista Al Fatah, que encabeza el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.
Así lo había recomendado el Ejército para reforzar ante los palestinos la imagen de Abás, que apuesta por la negociación con Israel, frente a la de Hamás, gran beneficiada de la primera fase del canje, que tuvo lugar el pasado octubre.
En la primera mitad del intercambio, Israel excarceló a 477 presos palestinos (incluidos responsables directos de atentados que dejaron decenas de muertos) a cambio del soldado Shalit, que había sido capturado cinco años antes por tres milicias palestinas, entre ellas el brazo armado de Hamás.
El viernes, como se esperaba, el Tribunal Supremo eliminó la última traba hacia la conclusión del canje, cuya materialización se había puesto en duda este mes por la última escalada de violencia entre Israel y las milicias de Gaza.
La presidenta del tribunal, Dorit Beinish, y otros dos magistrados, Asher Grunis y Elyakim Rubinstein, rechazaron la petición presentada por la organización derechista Shurat Hadin y dos familias de víctimas de atentados para aplazar la excarcelación.
El jueves los presos recibieron notificación de su liberación y se les efectuó una identificación preliminar y exámenes médicos.
Posteriormente fueron trasladados a las prisiones de Ayalón, situada entre Jerusalén y Tel Aviv; y de Ofer, cerca de Ramala, desde donde saldrán mañana escoltados.

Colombia en la actualidad registra más desapariciones que las dictaduras de Chile y Argentina juntas.

Oidhaco (Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia) solicita a Colombia que ratifique el Convenio Internacional para la protección a todas las personas contra la desaparición forzada

Europa debe romper su silencio ante el drama de la desaparición forzada en Colombia

· La Defensoría del Pueblo de Colombia a 26 de agosto de 2011, cifra en 61.604 las personas desaparecidas. De ellas más de 26.000 serían desapariciones forzadas según la Fiscalía General de la Nación
· La ONU alerta sobre el hecho de que es uno de los países con mayor número de personas desaparecidas del mundo.
· En diversas regiones de Colombia existen fosas comunes con miles de muertos sin identificar. En los últimos años la Fiscalía ha identificado alrededor de 10.000, sin determinar si son víctimas o no del conflicto armado
· Las ONGs colombianas denuncian un subregistro de víctimas y la falta de atención por parte del Estado a ellas y sus familias
· Oidhaco le pide a Juan Manuel Santos que su gobierno ratifique el Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Bruselas, 31 de agosto de 2011. En Colombia hay 61.604 personas desaparecidas según la Defensoría del Pueblo, hace tres meses, la ONU basaba sus intervenciones en la cifra de la Fiscalía General de la Nación 57.200. En Colombia una de cada 750 personas está desaparecida.
La expresión desaparición forzada describe un crimen cometido por agentes del Estado o por personas actuando con su autorización, apoyo o consentimiento que conlleva a numerosas violaciones a los derechos humanos. Es considerada por sus impactos como una de las más graves que existen. Christian Salazar, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH (OACNDUH) alerta sobre la realidad colombiana: “Colombia, lamentablemente sufre un récord alarmante en la comisión de este crimen”. Es un crimen continuo hasta cuando se conoce la suerte de la persona desaparecida, su paradero o el de su cuerpo. La desaparición forzada busca principalmente crear terror en la sociedad y romper procesos sociales. Colombia en la actualidad registra más desapariciones que las dictaduras de Chile y Argentina juntas.
Oidhaco, ante la tragedia humana de miles de desaparecidos en Colombia y de sus familias, le pide a la Unión Europea “que las desapariciones forzadas sean un tema prioritario en sus relaciones con Colombia”. Vincent Vallies, su portavoz, manifiesta que la UE, “como representante de 500 millones de europeos debe aprovechar su relación de privilegio con Colombia para exigirle que proteja a todas y todos los colombianos y que cumpla con todas las recomendaciones de Naciones Unidas”.
Para Vallies “la UE debe actuar ante el drama 61.604 personas desaparecidas, de las cuales más de 26.000 podrían ser desapariciones forzadas según las cifras de la Fiscalía General de la Nación”. “La UE”, continúa el portavoz, “no puede permanecer callada ante esta dura realidad colombiana. No debe olvidar que la desaparición forzada es un crimen continuo y debe tener presente que la fuerza pública es responsable de más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales. Ni puede ni debe cerrar los ojos ante estas ni ante las otras miles de personas desaparecidas”. Oidhaco recuerda a la UE que “tiene una responsabilidad frente a estos crímenes si no hace lo necesario para que cesen”.
Christian Salazar, en su intervención durante el seminario “Herramientas para la protección y defensa del derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito jurídico nacional e internacional” realizada en Bogotá, subraya la existencia de una legislación avanzada pero, al igual que en otras legislaciones, “sigue existiendo una brecha muy preocupante entre el marco legal y su aplicación en la práctica” y destaca que la impunidad sigue siendo la norma. “La gran mayoría de los casos de desaparición forzada asignados a la Fiscalía siguen en etapa de indagación, sin resolver ni identificar a los perpetradores ni los móviles de los crímenes.”
Oidhaco, a su vez, le pide al presidente Santos que Colombia ratifique cuanto antes el Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, con el fin de que el Estado colombiano se vea obligado internacionalmente a luchar contra la desaparición forzada a través de mecanismos judiciales y de reparación a las víctimas. “Es necesario que las víctimas de este crimen, sistemático en Colombia, sean visibilizadas tanto por sus gobernantes como por toda la sociedad, y que sus familias en lugar de ser perseguidas y en algunos casos también desaparecidas por denunciar, reciban todo el apoyo del Estado”, apunta el portavoz de la organización con sede en Bruselas.
Para Oidhaco, la labor de las diferentes organizaciones colombianas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y al crimen de desaparición forzada en particular, ha sido fundamental para permitir los avances logrados en la legislación. La UE “debe mostrar su apoyo pleno a estas organizaciones, escuchar sus denuncias, tomar en cuenta sus advertencias sobre los proyectos legislativos por un lado y la total impunidad por otro. Esta vez no nos pueden tomar años para entender que las organizaciones nos están diciendo la verdad, como sucedió en el caso específico de las ejecuciones extrajudiciales”. [Ver anexo]


ANEXO: Datos y cifras sobre Desaparición Forzada en Colombia

•La primera desaparición forzada se presentó en el año de 1977
•Desde entonces no hay una cifra exacta. Las organizaciones que trabajan por las víctimas del conflicto armado en Colombia estiman que los desparecidos forzados pueden ser entre 25.000 y 50.000. La ONU reconoce como víctimas a cuatro familiares directos de la persona desparecida, así que las víctimas podrían ser entre 100.000 y 200.000
•En 2010 Colombia firmó el Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Está pendiente de su ratificación para la entrada en vigor
•La Defensoría del Pueblo cifra en 61.604 las personas desaparecidas de las que 26.000 podrían ser desaparecidos forzados. La ONU subraya que existen 3.000 mujeres y 3.000 menores de 20 años entre ellas.
•Los paramilitares de extrema derecha en connivencia con la fuerza pública son reconocidos como los mayores responsables de la desaparición forzada. A las fuerzas militares, se les atribuyen las desapariciones forzadas ocurridas antes de 1985
•La impunidad frente al crimen de desaparición forzada ronda el 99%
•Miles de cuerpos, según lo han reconocido los paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz, fueron desmembrados y arrojados a los ríos. Se dice que estos son los grandes cementerios de Colombia. Muchos también fueron incinerados en hornos crematorios construidos exclusivamente para ello
•Varios cuerpos encontrados por la Fiscalía como consecuencia de la confesión de los integrantes de los paramilitares reposan en sus instalaciones sin ningún tipo de identificación
•No existe una política de acercamiento a las familias de los desaparecidos ni colaboración específica para el reconocimiento de sus cuerpos
•En diversas regiones de Colombia se han encontrado fosas comunes, algunas de ellas con al menos 500 cuerpos sin identificar. En sólo una provincia, Meta –al este-, se han encontrado numerosas fosas con casi 2.000 cadáveres. En 27 provincias colombianas hay registradas 2.867 fosas comunes
• En un país con 61.604 desaparecidos durante casi 50 años de conflicto armado, tan solo en 2010 creó en la Fiscalía General de la Nación la Unidad de Desaparición y Desplazamiento Forzado
•La Fiscalía ha identificado casi 10.000 cuerpos pero sin investigar si algunos o muchos de ellos pertenecen a desparecidos forzosos
•Según informe de Medicina Legal –instituto forense colombiano- y de la Fiscalía, entre junio de 2005 y diciembre de 2010, y basados en testimonios de integrantes de grupos paramilitares, en Colombia se produjeron 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas.

Tomado de http://www.oidhaco.org/?art=1134&title=NOTA%20DE%20PRENSA:%20Europa%20debe%20romper%20su%20silencio%20ante%20el%20drama%20de%20la%20desaparici%F3n%20forzada%20en%20Colombia&lang=es

Imagen realista del día

cinta y sangre

Las redes imaginarias del terrorismo político

¿Cómo se legitima un Estado frente a lo “otro”, frente a lo que no abarca,digamos, su idea de democracia? Roger Bartra revive una famosa polémicaentre Claude Levi-Strauss y Roger Caillois para responder esta pregunta, al tiempo que nos lleva al corazón de Estados Unidos, donde se llevan a cabo“juegos” de guerra cuyo desenlace puede ser fatal.

Open publication - Free publishing - More americas

Tiempo Pasado

Desde Neurotransmisor les comparto la invitación al encuentro de Ocupa la Memoria: "Invitamos a organizaciones, a naturales, a civiles, a combos a unirse a la primera jornada internacional Ocupa la Memoria que se realizará el próximo 16 de diciembre. Esta primera jornada es convocada en el marco de la conmemoración de los 20 años de la Masacre del Nilo, en el departamento del Cauca - Colombia. En esta fecha marcharemos desde Santander de Quilichao hasta la finca El Nilo. Nosotros NO olvidamos". A propósito de las problemáticas y las reflexiones en torno a la memoria viene muy al caso recordar el libro de Beatriz Sarlo, “Tiempo pasado”, disponible en:
http://www.archive.org/download/TiempoPasado/TiempoPasado.pdf
“El recuerdo insiste porque, en un punto, es soberano e incontrolable (en todos los sentidos de esa palabra). El pasado, para decirlo de algún modo, se hace presente. Y el recuerdo necesita del presente porque, como lo señaló Deleuze a propósito de Bergson, el tiempo propio del recuerdo es el presente: es decir, el único tiempo apropiado para recordar y, también, el tiempo del cual el recuerdo se apodera, haciéndolo propio”…



NO OLVIDAMOS!!! from Ocupa La Memoria on Vimeo.

Fourth Reich Coolture Americana

Imágen aérea del edificio que la Marina estadounidense tiene en Coronado, California. Foto tomada de Google Earth.

Los desaparecidos de Bush: Restos de cientos de militares de EEUU muertos en combate fueron tirados en un basurero de Virginia

Por Guy Adams *
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12 de argentina.

Desde Los Angeles

La fuerza aérea de Estados Unidos usó secretamente un basural para disponer de los restos incinerados de cientos de soldados muertos en acción durante la Guerra del Terror. Las cifras que se hicieron públicas ayer muestran que los restos parciales de 274 hombres y mujeres caídos fueron enviados al basural en el condado de King George, Virginia, entre 2004 y 2008. A sus familias, que habían dado permiso para que los restos se dispusieran de una forma “digna”, nunca se les dijo de esa práctica.

La escala del escándalo, en el Washington Post hace un mes, es mucho mayor de lo que se pensaba previamente. Además de los 976 fragmentos de cuerpos identificados, los informes del Pentágono muestran que otros 1762 restos del campo de batalla no identificados, demasiado dañados para ser sometidos a análisis de ADN, también terminaron en el basural.

Los funcionarios dicen que no tienen planes de contactar a las familias de los soldados para informarles del destino de sus seres queridos. Dice que establecer las identidades de los hombres y mujeres afectados sería demasiado caro y tomaría mucho tiempo.

Una carta del Pentágono a Rush Hold, una congresista demócrata que está investigando el asunto para una electora cuyo marido fue muerto en Irak, sostiene que determinar a quiénes pertenecen los restos que fueron al basural, “requeriría un esfuerzo masivo” y habría que examinar los records de unos 6300 soldados.

“¿Qué diablos?”, respondió Hold en el Post. “Gastamos millones, decenas de millones, para encontrar algún rastro de los soldados muertos y ellos están preocupados por el esfuerzo ‘masivo’ de volver y sacar los archivos y averiguar a cuántos soldados se les faltó el respeto en esta forma. Simplemente no quieren hacer preguntas o averiguar mucho.”

Hace un mes, los investigadores federales publicaron un informe muy crítico descubriendo “una grosera ineficiencia” de la morgue en la base aérea de Dover, el principal puerto de entrada para los cuerpos de soldados estadounidenses caídos en acción que vuelven a Estados Unidos.

El informe descubrió que las partes de los cuerpos fueron dejados en congeladoras durante meses y aun años. En un incidente, el desfigurado brazo de un marine muerto fue serruchado, sin el permiso de sus padres, para que entrara en el féretro.

Los denunciantes que trataron de atraer la atención a las prácticas deshonestas en la morgue fueron ignorados o amenazados con despidos. El “patrón de fracaso” identificado en el informe se extendía a partes de cuerpos de soldados cayéndose de las bolsas de plástico y mezclándose con los restos de otros. En una carta a una viuda de guerra descubierta por el Post, el director de la morgue, Trevor Dean, dijo que la práctica se había hecho común desde por lo menos 1996, cuando él comenzó ahí.

Que el escándalo no llegara al conocimiento del público más pronto es quizás un subproducto de los esfuerzos de los sucesivos presidentes para mantener a la base aérea alejada del escrutinio del público. Durante la primera guerra del Golfo, George H. W. Bush prohibió la cobertura de las noticias sobre el regreso de las tropas caídas allá. La prohibición fue continuada por su hijo durante la segunda guerra del Golfo y finalmente levantada por la administración Obama en 2009. El gobierno de Bush ha sido acusado de groseras violaciones a los derechos humanos en las guerras de Irak y Afganistán, amén de persecuciones a la comunidad islámica de EE.UU.
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Neurotransmisor dice: esto me hace recordar una canción de RATM llamada "sin refugio":

Rage Against the Machine - No Shelter - (Subtitulado en Español) from Speedrex on Vimeo.